Presidencia de la Nación

Primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate contra el LA/FT/FP

Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de acción para el período 2022-2024, destinado a dar respuesta a las principales amenazas criminales y las vulnerabilidades que la República Argentina identificó en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.



La Estrategia Nacional aprobada define 125 acciones concretas articuladas entre los distintos Poderes del Estado para fortalecer el Sistema Nacional de prevención, detección, persecución y sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el propósito de incrementar la eficacia de la política criminal y proteger al país y la sociedad del daño que producen estos delitos.

El plan de acción se basa en diez objetivos generales con sus consecuentes objetivos específicos. Entre los que se encuentran: adecuar el marco normativo nacional en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de acuerdo a los estándares internacionales; fortalecer la detección, investigación y sanción de estos delitos; y fortalecer el control tanto de las personas como de las estructuras jurídicas y la identificación de los beneficiarios finales.

Durante la apertura del plenario del Comité, el ministro de Justicia, Martín Soria, en su carácter de presidente, felicitó a “todas y todos por el trabajo profesional y articulado que nos permite aprobar la Primera Estrategia Nacional. El logro de hoy es la culminación de un largo proceso. Al iniciar esta gestión, Argentina no contaba con una Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos ni con una Evaluación Nacional de Riesgos de financiamiento del terrorismo actualizada”.

La Estrategia Nacional aprobada por el plenario del Comité es un requisito indispensable para cumplir los compromisos internacionales de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo asumidos por nuestro país, con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2023. De acuerdo a lo previsto por el GAFI, los países deben identificar y evaluar los riesgos vinculados a estos delitos, para luego definir e implementar las políticas públicas que permitan mitigar efectivamente los riesgos identificados.

Agustín Carrara, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, afirmó: “En un contexto complejo, este documento refleja un fuerte compromiso del Comité para diseñar políticas públicas de manera interinstitucional y apuntadas a nuestra realidad político criminal. Agradezco especialmente al equipo de la Coordinación y a los de todos los demás organismos, que han mostrado estar a la altura del desafío, combinando solidez metodológica con celeridad”.

Por su parte, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, subrayó que: “La Estrategia Nacional ha sido elaborada en función de los resultados identificados en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos que constituyen herramientas para identificar, evaluar y comprender los riegos que enfrenta el país en estas materias. Nuestro próximo desafío es continuar trabajando de manera coordinada para cumplir los objetivos generales y específicos planteados en la Estrategia y, de tal modo, implementar las políticas públicas que permitan mitigar efectivamente los resultados identificados”.

Al igual que se hizo al aprobar las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, el Comité aprobó una versión completa y reservada de la Estrategia Nacional y una versión pública que a continuación se presenta. En este documento se adelantan algunos de los hallazgos de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, que se desarrollarán con mayor detalle cuando se difundan las versiones públicas en las próximas semanas (conforme establecen los Decretos 652 y 653/2022).

También participaron de la reunión el gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Rodolfo Ferraro; el titular de la Dirección de Investigación Financiera de la AFIP, Alejandro Strega; la titular de la dirección de Prevención de Lavado de Activos del Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES), Karina Adam; el subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad, Marcelo Leyria; el Embajador Holger Martinsen, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la gerenta de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores, Regina Cerone; el gerente principal de cumplimiento ante la UIF del Banco Central, Germán Saller, y la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, Gimena del Río. Además del titular de la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), Juan Tomás Rodríguez Ponte y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos; y en representación del Ministerio de Justicia de la Nación, el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta y el director de Asuntos Internacionales, Juan José Cerdeira, y representantes de la Agencia Federal de Inteligencia.


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Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP (1.1 MB)

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