Nicolás Dujovne y ministros provinciales firmaron un histórico acta-acuerdo para una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal

El Ministro de Hacienda y ministros de Economía y Finanzas de 21 provincias firmaron hoy un documento sobre el que se redactará la nueva Ley.


La reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), que se desarrolló hoy en la provincia de Mendoza, arrojó como resultado la firma de un acta-acuerdo sobre el que se redactará la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

Dicho documento –rubricado esta tarde por Nicolás Dujovne; el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli; y ministros de Economía y Finanzas de 21 provincias del país– está compuesto por una serie de acuerdos con los que Nación y provincias se comprometieron a trabajar para alcanzar el ordenamiento fiscal.

Entre ellos, se destaca el acuerdo para que en todas las jurisdicciones el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales y que el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive.

Otro de los puntos salientes del documento está vinculado a corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria. Para ello, el Gobierno Nacional y las provincias se comprometieron a alivianar la carga tributaria sobre la actividad productiva.

El acta-acuerdo incluyó también una propuesta para controlar el incremento del empleo público. La misma establecerá que el personal de planta –a nivel nacional, provincial o municipal– no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.

Con la firma del escrito, Nación y provincias acordaron, además, la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales. Los mismos serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.

En esa dirección, también se resolvió la incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. El fin de esta medida será que la administración saliente no incurra en gastos –o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado– que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.

Todos estos puntos se plasmarán en un proyecto de ley que se enviará al Congreso de la Nación en el plazo de los próximos tres meses.