¿Qué implica el “lavado de activos” o “lavado de dinero”? Entre otras cosas, que las ganancias provenientes de actividades ilícitas puedan ser “disimuladas” o reconocidas como legales, con la ayuda de diferentes herramientas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) calculó que en 2015 se “lavaron” cerca de 870.000 millones de dólares, provenientes de actividades como el narcotráfico y la trata de personas. Esta cifra es aproximada porque, de nuevo, el lavado de activos toma diversas formas que lo hacen muy difícil de identificar.

Diversos organismos como la UNODC y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encargan de elaborar políticas para combatir esta grave problemática. El GAFI fue el que realizó la recomendación que llevó a que se sancione la Ley Antiterrorista, en junio de 2007, en nuestro país.

La Ley 26.734, modificada en 2011, fue sancionada para combatir el lavado de activos y, también, la financiación del terrorismo. Según el GAFI y otros organismos de este orden, estas dos problemáticas guardan una relación profunda. Por eso esta ley penal especial fue pensada para el tratamiento conjunto de ambas problemáticas.

Esta legislación, modificatoria del Código Penal, entre otras cosas, estableció en el artículo 41 quinquies un agravante que duplica las penas en los delitos cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población”. En otras palabras, para quienes cometan actos terroristas.

También establece penas de hasta 15 años de prisión y multas para las personas que financien las actividades terroristas, tanto particulares como de organizaciones. Al mismo tiempo, la Ley establece el campo de actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Este organismo estatal es el encargado del “análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Este organismo procesa datos de empresas, corporaciones y diferentes tipos de personas jurídicas, combatiendo al mismo tiempo el tráfico de drogas, el contrabando de armas, fraudes contra la administración pública y delitos como la trata de personas o la pornografía infantil.

La modificación que sufrió la legislación en 2011 recibió algunos señalamientos de parte de organizaciones políticas y sociales que entendieron que se podía usar la normativa para llevar a cabo acusaciones de actos terroristas a activistas.

Por eso se introdujo un párrafo más al artículo 41 quinquies del Código Penal, que establece: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.