Presidencia de la Nación

El proyecto del Código Penal ya ingresó al Congreso

Es la primera reforma integral de este cuerpo normativo que un Poder Ejecutivo remite al Congreso desde 1921. Busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal.


El proyecto de ley de Reforma del Código Penal ingresó al Congreso de la Nación. El nuevo texto normativo busca lograr una adecuada sistematización y un ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal. “Después de casi cien años y de las 17 Comisiones anteriores, este es el primer proyecto integral de reforma del Código Penal que un Poder Ejecutivo remite al Congreso desde 1921”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Este proyecto tiene que ver con una reforma integral de la justicia penal que está llevando adelante el Ministerio de Justicia, y que incluye el nuevo Código Procesal Penal Federal, en proceso de implementación; otras leyes pendientes de aprobación como la de Responsabilidad Penal Juvenil, y otras ya aprobadas, como la de Responsabilidad Penal Empresaria.

El texto endurece las penas por delitos relacionados con el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación. Incluye los delitos de lesa humanidad, tipifica nuevas conductas en el marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica. Tiene perspectiva de género, da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos. También protege el ambiente y agrega los delitos genéticos y cibernéticos, entre otras destacadas reformas.
Además, fija criterios claros para la determinación de la pena y achica el margen de discrecionalidad de los jueces, especialmente en los casos violencia contra las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

El actual Código Penal fue sancionado en 1921. Y fue modificado por más de 900 leyes, sin tener en cuenta la sistematicidad de la totalidad de los institutos, de las reglas generales y de los delitos contemplados. También incorporó todas las leyes penales especiales y, así, perdió su coherencia interna y la proporcionalidad y se apartó del criterio de codificación unificada en materia penal. Esto en muchas oportunidades condujo a la incertidumbre respecto de qué está permitido o prohibido en la Argentina.

Una prestigiosa Comisión

En marzo de 2017 un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri creó una Comisión Redactora. La integraron juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad y de Desarrollo Social.

El objetivo: elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes.

La Comisión tomó en consideración los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los avances en materia de integración regional del país, a fin de promover y facilitar la cooperación entre estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada.

Y se adecuó la normativa penal nacional a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción.

La comisión estuvo presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky, acompañado por el director nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra. Además, la integraron el fiscal Pablo Nicolás Turano, los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena y el procurador general de Salta, Pablo López Viñals.

También el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba, y de la Corte Suprema, Patricia Susana Ziffer. Y los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

La Comisión trabajó ad honorem durante 500 días ininterrumpidos, y mantuvo más de cien reuniones en todo el país en las que deliberó, escuchó a expertos y tomó en cuenta el trabajo realizado por las 17 comisiones anteriores de reforma del Código Penal. También recibió y valoró la opinión de varias ONG y las sugerencias de toda la sociedad a través de la plataforma Justicia 2020.

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