Presidencia de la Nación

Instancia participativa de SO en el proceso de elaboración de la ENR

En el marco del proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tuvo lugar hoy en el Salón de Actos del Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo, un taller presencial con sujetos obligados del sector financiero y APNFDs.


El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes junto a Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo encabezaron la actividad que reunió a unas 250 personas.

La Unidad de Información Financiera asumió un rol proactivo en este proceso que permitirá contar con un diagnóstico completo y certero sobre los riesgos que la República Argentina debe sortear en materia de LA/ FT, dando cumplimiento a la Recomendación N°1 del GAFI. Al mismo tiempo, esta evaluación servirá como punto de partida para el diseño de una Estrategia Nacional.

El encuentro estuvo dividido en dos horarios con el fin de permitir el desarrollo de mesas de trabajo agrupadas por sector, donde se identificaron amenazas y vulnerabilidades propias de cada actividad. Se presentaron luego los principales resultados de la información recibida a través de los cuestionarios ya remitidos en el marco de este proceso impulsado por el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El Comité está constituido por todos los organismos del poder Ejecutivo, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal con competencia en la materia y su función principal es coordinar la precisa realización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, en vistas a la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta evaluación está siendo desarrollada de acuerdo a lo que establecen los estándares internacionales diseñados para esta instancia, con la colaboración activa de todos los sectores que forman parte del régimen nacional de prevención y combate al LA/FT/PADM, incluido el sector privado, que tiene un rol fundamental en la prevención y control de estos delitos.

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