El pasaje a un sistema acusatorio es una realidad en la mayoría de las provincias argentinas: tal como lo indica el Informe del Sistema Penal de Justicia Argentino, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, casi todos los poderes judiciales adoptaron de forma plena o parcial esta forma del proceso penal que busca que los fiscales lleven a cabo las investigaciones y no los jueces, dejando para los magistrados el rol de garantes de los derechos desde un rol imparcial.

Desde 2011 se implementó este sistema en Jujuy, aunque de forma parcial. En ese marco, integrantes de diferentes poderes que integran el servicio de Justicia provincial comenzaron a pensar una nueva reforma procesal penal.

Para pensar de qué forma aplicarla, de modo que esta vez pueda dejarse atrás plenamente el sistema inquisitorio, que por ahora es mixto, el Ministerio Público de la Acusación jujeño llevó a cabo las jornadas “Proceso de reforma hacia un sistema acusatorio: nuevo Código Procesal Penal”, de las que participaron integrantes de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal de la Nación.

El aporte de la Subsecretaría no fue menor: “Fuimos a presentar la reforma del Código Procesal Penal que elaboramos desde el Ministerio (de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), que, verdaderamente, podría ayudar a dar el salto que quieren al sistema acusatorio pleno”, explicó María José Tamagno, asesora de este organismo que dirige Juan José Benitez.

“En Jujuy se creó una comisión para redactar un proyecto, que busca conseguir el consenso de todas las partes para avanzar hacia un sistema adversarial. Esta comisión está compuesta por abogados, fiscales, integrantes del Poder Judicial, es amplia”, señaló Tamagno.

En ese marco, agregó la asesora, “nos invitaron por primera vez la semana pasada para explicar el Código Procesal Penal modelo que hemos venido desarrollando desde el año 2016. Por otro lado, se aprovechó la oportunidad para explicar las modificaciones que dieron lugar a la media sanción de la modificación de la ley 27.063, que sancionó el nuevo Código Procesal Penal para el país”.

Voluntad política

Tamagno y su colega Adolfo Tamini expusieron los alcances de la normativa y, lo más importante para la Justicia jujeña, su forma de implementación. Lo hicieron en dos presentaciones: una con los miembros de la comisión encargada de redactar un proyecto de reforma en la provincia; y otra por la tarde, donde participaron abogados, integrantes del Poder Judicial y otros integrantes del ámbito judicial.

“Lo que quedó clarísimo es la voluntad técnica y política que existe. Quieren salir del sistema en el que están actualmente”, añadió la asesora de la Subsecretaría.

Entre las cuestiones claves para poder avanzar en este sentido, Tamagno destacó la necesidad de crear un sistema de administración de justicia idóneo y eficaz para la protección de los intereses de la sociedad, que permita lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles e inmediatos, respetando los derechos del imputado y de la víctima.