El Banco Mundial aprobó el financiamiento de USD 500 millones para la segunda etapa del Programa Política de Desarrollo de Crecimiento Inclusivo, alineado con el programa de estabilización macroeconómica y en el marco de los objetivos priorizados por el Gobierno Nacional.

La operación se realizará bajo la modalidad de un Préstamo Programático de Apoyo a Políticas de Desarrollo que consiste en un instrumento de rápido desembolso para brindar respaldo presupuestario a reformas prioritarias de los países. Su principal objetivo es mejorar el nivel de vida del país a partir del fortalecimiento de las bases para el crecimiento liderado por el sector privado, el refuerzo de las redes de seguridad social y la mejora de la equidad fiscal.

Esta etapa del Programa se estructura en dos pilares. El primero prevé medidas que abordan las distorsiones y nivelan el campo de juego para el crecimiento liderado por el sector privado a partir de la radicación de empresas nacionales y extranjeras. En este sentido, se promoverá la competencia, el comercio, el surgimiento de nuevas empresas, el acceso al financiamiento y el desarrollo del sector de energías renovables. El segundo pilar generará acciones que contribuirán al fortalecimiento del sistema de protección social y a la mejora de la equidad fiscal para proteger a los sectores más vulnerables de la población, sosteniendo el gasto en asistencia social y destinando, en caso de ser necesario, recursos adicionales al financiamiento de programas de asistencia que sean más efectivos.

En este contexto, se respaldan medidas para proteger el valor real de los beneficios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con amplia cobertura y demostrados resultados socioeconómicos en la población cubierta. Asimismo, se prevé afrontar la fragmentación de los sistemas de protección de la salud y sociales a fin de garantizar el acceso efectivo y eficiente a los más vulnerables al tiempo que reduce las superposiciones y los costos de gestión al actuar como estabilizadores automáticos eficaces.

El proyecto aprobado es resultado del trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Hacienda y el equipo técnico del Banco Mundial, sobre el objetivo compartido de proteger a los sectores más vulnerables de la carga necesaria de equilibrar la política económica nacional y así poner a la deuda pública en un firme sendero descendente.