La Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal se reunió en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para estudiar la incorporación en un único cuerpo normativo de los delitos aduaneros y tributarios -que hoy se rigen por leyes especiales-, más los relacionados con el contrabando y los fraudes al comercio y la industria.

La idea es que esas leyes especiales que tipifican delitos “se incorporen a un cuerpo abarcativo”, mencionó el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, tras la reunión.

“Será muy útil que el sistema esté unificado bajo una lógica y que se pueda respetar el principio de la proporcionalidad de las penas, de modo que los delitos más graves tengan penas más altas”, completó.

Presidida por el camarista Mariano Borinsky, la Comisión propuso así dos títulos nuevos para el Código Penal, uno referido a los delitos aduaneros y otro a los tributarios. Hoy las penas se fijan, en el primero de los casos, en el denominado Código Aduanero (Ley 22415, sancionada en marzo de 1981, con sus reformas) y en el segundo, en el Régimen Penal Tributario (ley 24.769) el que marca el tratamiento punitivo.

Otra de las modificaciones propuestas para el nuevo texto es la incorporación del delito de evasión fiscal simple, y agravada, con pena de prisión de cumplimiento efectivo, y la figura de la organización ilícita fiscal.

En relación con el contrabando, se repasaron también modalidades simples y agravadas de tráfico de drogas o armas, con penas en estos últimos casos de hasta 20 años de prisión.

Aparte, se hizo una revisión pormenorizada de los delitos contra el orden económico y financiero, estudiando las conductas ilícitas que perjudican el normal desenvolvimiento del comercio y de la industria.

Los expertos dedicaron también un espacio al estudio de la tipificación de conductas relacionadas con la falsificación de documentos (DNI) y el material de registro de todo tipo de vehículos, naves y aeronaves.

La Comisión está presidida por el camarista de la Casación, Mariano Borinsky, e integrada por Guerra, el fiscal Pablo Nicolás Turano, el ex ministro de Justicia bonaerense, Carlos Alberto Mahiques, la jueza Patricia Marcela Llerena, el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez, y el procurador General de Salta, Pablo López Viñals.

También participan la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci, el abogado Fernando Jorge Córdoba y la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Patricia Susana Ziffer.