Se amplía la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción. Se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, de conformidad con las recomendaciones realizadas por el OCDE, para delitos pasibles de extradición y respecto de los cuales la Argentina haya asumido el compromiso de su persecución y juzgamiento en tratados o convenciones internacionales. De esta manera, la Justicia podrá intervenir en casos de corrupción ocurridos en otros países.