Las actividades relacionadas con la inseminación artificial de los animales y que se refieren a obtención, utilización, conservación, transporte, almacenamiento, comercialización, importación y exportación de material seminal quedan sujetas en todo el país a las disposiciones de la ley 20425 y a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo con el fin de fiscalizar los métodos para reproducción animal.