Es evidente que la criminalidad organizada es un hecho que impacta en la población de forma directa -afectando el derecho a vivir en una sociedad segura y gozar de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales- así como de forma indirecta –socavando las relaciones sociales que constituyen una comunidad imaginada, fraterna y constructora de identidades colectivas proyectivas de un futuro en común-. Es decir, la criminalidad organizada choca frontalmente con la misión del Estado: sentar bases organizativas igualitarias y promover la construcción de un colectivo capaz de producir su propio horizonte inclusivo.

Según las investigaciones existentes en materia de criminalidad transnacional, en Argentina no se registra un predominio de grupos internacionales de gran envergadura (como los denominados “carteles”), sino que, en su lugar, existen múltiples organizaciones de carácter local, algunas de las cuales combinan actividades lícitas e ilícitas, con eventuales conexiones internacionales. Éstas se dedican, mayormente, al tráfico de mercancías ilícitas -drogas, autopartes robadas, armas- del que obtienen cuantiosas ganancias a través de la colocación de dichos productos en mercados ilegales y legales ubicados en centros urbanos.

A su vez, cuentan con gran poder económico y logístico y generan elevados niveles de violencia, sobre todo en aquellas ciudades en las que los diferentes tipos de mercados se encuentran bajo disputas territoriales entre grupos por el control de mercados de diferentes características. Esta consideración es relevante pues complejiza una temática que tiende a ser abordada o narrada de manera simple y monocausal cuando, contrariamente, evidencia la yuxtaposición de intereses en disputa. El dominio territorial no se limita a la comercialización del producto del tráfico de drogas ilegales, sino que también implican el control –mediante modos ilegales- de mercados formales. Así, el delito complejo debe su especificidad a su capacidad de generar mecanismos de operatividad de gran envergadura y múltiple afectación.

Por ende, y sin un traslado mecánico de estas consideraciones, es necesario comprender que, por su capacidad económica y su penetración social, las organizaciones criminales suelen sumar a su estructura a sectores sociales disímiles (jóvenes y, en los últimos tiempos, también mujeres), pertenecientes a sectores vulnerabilizados de la sociedad que requieren soluciones urgentes de tipo económica frente a la incertidumbre social que supone un Estado degradado por el neoliberalismo.

A ello, finalmente, se le ha sumado el daño provocado por la pandemia del Covid-19, cuya afectación económica, social y cultural aún no es posible mensurar pero que ha dejado secuelas de penetración del delito y las violencias, las cuales el Estado ha identificado durante 2020 y ante las que ha generado mecanismos progresivos de contención y prevención.

Una política criminal que pretenda disminuir los índices delictivos y los riesgos que pesan sobre grupos vulnerabilizados debe orientar una significativa cantidad de recursos –de diferente tipo- a identificar y denunciar a los eslabones superiores de las organizaciones criminales. Además de ello, esa política criminal debe orientar su capacidad de investigación hacia la detección de los recursos económicos de esos eslabones y sus formas de materialización (compra de propiedades, inversiones, lavado, financiación golondrina, adquisición de bienes, etc.).

Ante el panorama contemporáneo que explica los fundamentos de nuestra política contra el delito complejo de alcance local, regional y global, la tarea que emprendimos y que llevamos a cabo es identificar, desarticular, denunciar e impedir la capacidad de acción de quienes llevan adelante el crimen organizado, los cuales poseen diferentes características y se desarrollan en distintos tipos de delitos –generalmente yuxtapuestos-, tal como veremos a continuación.

1- El narcotráfico configura un proceso delictivo que implica la producción local y/o exterior de drogas ilegales destinadas a su distribución y comercialización en diferentes mercados predominantemente urbanos y finaliza con el lavado de las ganancias obtenidas en el mercado de capitales.

Una política integral de seguridad debe investigar y neutralizar todas estas instancias de forma coordinada, inteligente e interjurisdiccional.

El aumento del consumo de drogas ilegalizadas, el crecimiento de su mercado en términos lucrativos y la comisión de delitos graves asociados a la narcocriminalidad, indica que el de las drogas es un mercado en expansión que debe ser desarticulado con políticas integrales como las que presentaremos.

2- La trata de personas: la explotación y esclavitud de personas constituye una de las violaciones fundamentales a los derechos humanos, y así ha sido reconocido por la comunidad internacional. En nuestra región, es uno de los delitos que se viene consolidando y que requiere de un tratamiento urgente.

En efecto, la trata de personas para la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y la reducción a la servidumbre han tenido una significativa expansión durante las últimas décadas y actualmente constituye otra de las modalidades más extendidas de la criminalidad organizada de la región.

3- Tráfico de armas: en muchos casos la violencia es generada por la utilización de armas de fuego por parte de organizaciones criminales. La forma a través de las que se nutren estos grupos criminales tiene como origen un mercado ilegal que, en varios casos, se inicia dentro de las fronteras nacionales y, en otros, se relaciona con la circulación de armamentos a nivel regional. Argentina, por su ubicación geográfica resulta un lugar de tránsito entre algunos productores mundiales de armamentos y países en los cuales en los últimos tiempos se ha fomentado el uso de armas de fuego. Por tal motivo, este fenómeno, al igual que la narcocriminalidad, debe ser abordado como un problema de violencia interna, así como también como dentro del entramado de tráfico de armas a nivel regional y global.

Según los informes de Naciones Unidas, además, existe una correlación estrecha entre índices de homicidios y homicidios perpetrados con armas de fuego.

4- Los delitos ambientales constituyen un ataque directo a las condiciones de vida de millones de habitantes e incluso condicionan la sustentabilidad de generaciones futuras. Expresión de ello es el denominado “cambio climático” cuyo perjuicio ambiental es cometido, la mayoría de las veces, por empresas con gran capacidad logística y económica en el marco de actividades lícitas. Sus principales afectados son los sectores más desprotegidos de la sociedad.

A su vez, este tipo de delitos incluye el contrabando de materias primas, la deforestación, el comercio ilegal de flora y fauna, delitos que derivan en la obtención de enormes ganancias económicas de parte de las organizaciones que se dedican a su transformación en mercancías y la puesta en circulación en mercados ilegales y formales.

5- El robo automotor y la venta ilegal autopartes: las economías ilegales asociadas a estos delitos están entre las que más valor generan en Argentina, luego del narcotráfico y el lavado de dinero. Igual de preocupante resulta el hecho de que estos delitos tienen una vinculación directa con los niveles de inseguridad y homicidios sufridos por las y los ciudadanos debido a que, en muchos casos, el robo de automotor se realiza con armas de fuego o metodologías que incluyen violencia.

En general el robo de automotores está destinado al desguace del vehículo y la venta ilegal de autopartes, mercado de enorme circulación de dinero y, consecuentemente, de lavado de dinero.

6- El contrabando de mercancías y granos: se ubica entre los delitos de significativa afectación a la matriz económica y productiva del país. Esta actividad ilícita genera enormes pérdidas para el erario público pues crea un mercado informal que, a través de la infracción y evasión impositiva y/o la exportación e importación de mercancías de forma clandestina erosiona, directa e indirectamente, la inversión pública en salud, educación, obra pública, viviendas, entre otras.

Por otro lado, el contrabando posibilita la mercantilización de productos adulterados y de riesgo sanitario para la población. De hecho, en algunas regiones, dentro de este universo se especifica la comercialización ilegal de medicamentos y alimentos, los cuales acarrean peligrosas consecuencias, también, en términos de salud.

7- El lavado de dinero: resulta una tipología de delito que, por un lado, expresa la finalización del circuito criminal, así como, por el otro, constituye un delito en sí mismo. Toda organización criminal dedicada a los delitos mencionados hasta aquí necesita monetizar y/o utilizar las ganancias obtenidas sin ser descubiertos por el Estado. Para eso recurren indefectiblemente a procesos tendientes a ocultar la procedencia ilícita de sus capitales.

Por la complejidad de esta actividad de lavado de activos, el Estado debe dar una respuesta idónea para lograr una mayor efectividad en la investigación y persecución penal que alcance, incluso, el análisis patrimonial de las personas humanas y jurídicas que componen las organizaciones criminales.

8- Los ciberdelitos: el incremento de los delitos cometidos a través de dispositivos tecnológicos constituye un desafío que implica modificar la forma de entender la función policial para adecuarla a las modalidades delictivas de este siglo XXI.

Si bien la pandemia y la post-pandemia presentan escenarios inciertos, múltiples indicios -como el aumento exponencial de las compras por internet y de la cantidad de tiempo que las personas pasan frente a las pantallas- permiten presumir que el Estado debe generar mayores herramientas preventivas, así como instrumentos sancionatorios eficaces respecto de los delitos cibernéticos como son el hurto de identidad, el phishing o el grooming.

Aun cuando algunos de los delitos mencionados pueden no pertenecer a la esfera federal, el Estado Nacional debe colaborar con las autoridades locales para que éstas puedan ejercer el poder de policía con la mayor eficacia posible cuando las normativas así lo indican. De hecho, durante 2020, la interacción entre el Estado Nacional con las 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Consejo de Seguridad Interior ha permitido articular trabajos conjuntos en los que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha colaborado con las carteras de seguridad jurisdiccionales para trabajar en relación con múltiples delitos ordinarios.