El Estado Nacional implementó una política de reparación documental de todos los legajos de aquellos empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos o asesinados como consecuencia de la acción del Terrorismo de Estado entre 1955 y 1983. La decisión se inscribe en el Decreto 1199/2012 que asumió como un deber del Estado democrático consignar en estos casos la verdad histórica respecto de la auténtica causal de interrupción de la relación laboral, de modo de producir una enmienda material de esos documentos públicos y una reparación simbólica para los familiares y compañeros de las víctimas.

En diciembre de 2012, la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, elaboró la reglamentación del citado decreto aprobada mediante la Resolución 493/2012, que fijó el procedimiento para la reparación de los legajos.

En una primera etapa, se ha ordenado la reparación de 122 legajos que fueron relevados por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad.

La acción de reparación se inscribe en el marco de una política de reparación integral que desde el año 2003 se viene llevando a cabo a través de diferentes herramientas, con la decisión de restituir Memoria, Verdad y Justicia en relación a las violaciones a los derechos humanos sufridas en nuestro país.

El decreto presidencial convoca a las entidades sindicales del Sector Público y a los Organismos de Derechos Humanos a colaborar en la identificación de los trabajadores estatales víctimas del Terrorismo de Estado ver Preguntas Frecuentes.