Presentaron el protocolo en mediación penal juvenil


A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el marco del 25° aniversario de la reforma de la Constitución Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó ante más de 60 jueces, mediadores y especialistas en la materia, el Protocolo en Mediación Penal Juvenil y Acuerdos Restaurativos.

La secretaria de Justicia, Fernanda Rodríguez, abrió la jornada y resaltó que “la Convención sobre los Derechos del Niño es la primer ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, de carácter obligatorio para la Argentina”. Y agregó que “las respuestas que se nos exigen son claves para considerar las necesidades de las personas de esas edades, fomentar su integración social y fortalecer el respeto del niño por los derechos humanos de los demás".

El protocolo es una herramienta para el trabajo interdisciplinario de diversos operadores y expertos que diariamente se dedican al diseño de políticas para adolescentes bajo los estándares de la Convención, que sirvan de modelo a fomentar, copiar y sensibilizar.

Por su parte, la asesora de la subsecretaría de Justicia y Política Criminal, Deborah Dobniewksi, expresó que “la Convención sobre los Derechos del Niño exige que la prisión proceda como último recurso y por el menor tiempo posible; que fortalezca el respeto del niño por los derechos de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover su reintegración, y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. Además, destacó que “también requiere que se tomen medidas para promover el establecimiento de procesos específicos, y la adopción de medidas sin recurrir a procedimientos judiciales, que guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción".

El protocolo es una herramienta de aplicación operativa que permite que jueces, fiscales, defensores, mediadores, facilitadores, el adolescente infractor, la víctima y la comunidad trabajen en búsqueda de la armonía social y sobre la responsabilidad del adolescente en el delito cometido y su reparación. Además, evita la estigmatización que en muchos casos las respuestas penales tradicionales implican, tanto para las víctimas como para los imputados adolescentes.