Organizadas por la Presidencia Pro-Tempore de Brasil, el jueves 9 de noviembre se celebraron de forma conjunta la 58ª Reunión de Ministros de Justicia y la 50ª Reunión de Ministros de Interior y de Seguridad del MERCOSUR. El objetivo del encuentro fue definir estrategias conjuntas entre los países para combatir el crimen organizado, los crímenes de odio en medios digitales y las amenazas al Estado Democrático de Derecho en los países miembros del MERCOSUR.

La reunión conjunta estuvo presidida por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino contó con la participación de los titulares de las mencionadas carteras de gobierno de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Por parte de Brasil, también participó el Secretario Nacional de Justicia, Augusto de Arruda Botelho.

Entre otros documentos, las autoridades presentes aprobaron la “Declaración para el Fortalecimiento de la Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil y Penal del MERCOSUR”, rubricaron el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América (AmeriPol) y propusieron medidas conjuntas en la Declaración de Brasilia sobre el combate a los crímenes de odio en los medios digitales.

Durante su intervención, Soria afirmó que: “Las noticias falsas, la incitación al odio y las teorías conspirativas que se sirven de las plataformas digitales para propagar los ataques contra la democracia, no se limitan a las fronteras nacionales. En Estados Unidos los seguidores de un expresidente se organizaron a través de plataformas digitales para denunciar fraude electoral y luego para asaltar el Capitolio en 2021, exactamente lo mismo ocurrió meses más tarde, aquí en Brasilia, cuando quienes habían sido derrotados en las urnas por el pueblo brasileño instalaron un clima de fraude y luego tomaron por asalto el Palacio de Planalto. Lo mismo están intentando hacerlo en la Argentina”.

Asimismo, agradeció a Flávio Dino, y al Presidente de la República Federativa de Brasil, Lula Da Silva, por la colaboración y por el apoyo brindado para que el Estado argentino pueda juzgar a Farouk Abdul Omairi -ciudadano libanes, naturalizado brasileño en 1987- sindicado por la Justicia argentina como integrante del brazo armado de Hezbollah y partícipe necesario en el atentado contra la sede de la AMIA en 1994: “Hace tan solo un mes atrás, una vez más estallaba la guerra, el extremismo, el odio y el terrorismo volvieron a aflorar a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Es ahora más que nunca cuando debemos trabajar unidos como región para hacer frente a los males comunes que nos acechan. Es por eso mismo que quiero en nombre del gobierno y del pueblo argentino agradecer al Ministro de Justicia de Brasil Flavio Dino , y por su intermedio al presidente de la República Federativa de Brasil, Lula Da Silva, por la colaboración y por el apoyo brindado después de casi 30 años y tras el requerimiento de un Juez y de un Fiscal, el Dr. Rafecas y el fiscal Sebastián Basso, de la UFI AMIA va a poder poner a derecho y juzgar a uno de los considerados participes necesarios de uno de los más cruentos atentados terroristas sufridos en nuestro continente, me refiero al atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA en 1994”.

Para Soria, la cooperación jurídica en la causa que investiga el atentado a la sede AMIA significa un paso que nos acerca “al camino de Memoria, de Verdad y de Justicia y permitirá avanzar en el esclarecimiento del atentado que se cobró la vida de 85 ciudadanos argentinos”.

Reunión Bilateral con Flávio Dino, Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil

Farouk Abdul Hay Omairi está imputado de formar parte y/o cooperar con la organización criminal de carácter militar, denominada brazo armado y clandestino de Hezbollah, que facilitó las actividades para perpetrar los atentados con explosivos en la ciudad de Buenos Aires, los días 17 de marzo de 1992 y 18 de julio de 1994. El llamado a indagatoria también establece que su cooperación “como integrante de la organización fue –bajo la fachada de agencias de turismo– facilitar los trámites de ciudadanía y documentación a todas aquellas personas de origen árabe” (…) “para lograr una identidad falsa y facilitar el desplazamiento sigiloso y oculto ante las autoridades”.

El 13 de junio pasado, el Juez Federal Daniel Rafecas solicitó a INTERPOL la captura internacional de Omairi, luego que el Fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, lo acusara –junto a Hussein Mounir Mouzannar; Alí Hussein Abdallah y Abdallah Salman- de desempeñar un rol clave en el atentado contra la sede de la AMIA de 1994. En función de ello, el Gobierno Nacional solicitó su extradición al Gobierno de Brasil para que sea juzgado por la Justicia argentina.

Sin embargo, debido a que la Constitución de Brasil prohíbe la extradición a terceros países de aquellos ciudadanos nacidos en dicho país y para quienes se hubieren naturalizado brasileños de forma previa a cometer el delito por el que se los persigue, la extradición resultó improcedente.

Es por ello que, en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, el Ministro Soria mantuvo una reunión bilateral con el Ministro Flávio Dino con el objetivo de aplicar los incisos 1 y 2 del artículo primero del “Tratado de Extradición entre Argentina Y Brasil”, firmado en 1967, para poder avanzar con el juicio en territorio brasileño y evitar que el proceso judicial se estanque.
Sendos incisos del tratado bilateral permiten que, en aquellos casos en los que un individuo no pueda ser extraditado, se habilite el procesamiento y el juzgamiento por el hecho que funda la solicitud de extradición, a través del Poder Judicial de residencia del imputado.

En los próximos días, se formalizará la solicitud del Estado Argentino para proporcionar elementos de prueba al Estado brasileño para que pueda avanzar el procesamiento y el juicio del inculpado en Brasil.