El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) acompañó este viernes el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa en los casos N° 177/2021 “Albornoz, Florencia”, y N° 174/2021 “Aros Soto, Analía Margarita”, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). De esta forma, a través del trabajo articulado entre distintas áreas y Ministerios, el Estado Nacional reconoce sus responsabilidades en torno a los femicidios ocurridos en 2010 y 2017.

La subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, resaltó la importancia de la instancia de diálogo para resolver las denuncias ante organismos internacionales mediante consensos. En este sentido, señaló que "desde el Estado Nacional estamos dando pasos contundentes para modificar las condiciones estructurales que producen y reproducen las violencias por motivos de género, lo que requiere de enormes esfuerzos sostenidos en el tiempo y con alcance federal".

Puntualmente, la funcionaria indicó que “aún subsisten grandes desafíos entre los que se encuentra la reforma de los sistemas de administración de justicia, y estos acuerdos constituyen una fuerte plataforma para dar respuesta”. “Tenemos la firme convicción que una vida libre de violencias es posible si el Estado está presente y cercano a la sociedad", finalizó.

Al respecto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó: “Con la firma de estos acuerdos, el Estado reconoce su responsabilidad internacional porque no se tomaron medidas adecuadas para evitar que los femicidios de Florencia y de Analía sucedieran, cuando existían claras denuncias previas de las víctimas. El Estado no estuvo a la altura de las circunstancias para entender el dolor que estaba generando y para no acompañar y abrazar a las familias de otra manera. Los acuerdos procuran la reparación individual de las familias, pero sobre todo el compromiso de adoptar garantías institucionales para que casos como estos no vuelvan a repetirse. Para nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos, es muy importante poder llevar adelante esta reparación simbólica, que puede reparar muchas vidas de acá en adelante”.

Durante el evento que se realizó en el *Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, el Estado argentino reconoció su responsabilidad ante la CEDAW por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente en materia de violencia por motivos de género.

Florencia y Analía sufrían violencia y denunciaron a sus agresores. El Estado no las resguardó y fueron asesinadas. En 2020, familiares de dos víctimas, junto a la asociación Atravesadxs por el Femicidio y el equipo de litigio en Derechos Humanos “Justicia y Reparación”, presentaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) pedidos de disculpas y una reparación integral al Estado argentino por no proteger a las dos mujeres que habían denunciado a sus femicidas. Argentina aceptó los errores y el mal desempeño. No opuso resistencia ni planteó una apelación.

La promoción de la firma e implementación de este tipo de acuerdos demuestra el compromiso del Estado argentino por reparar deudas históricas por violaciones de derechos humanos padecidas por víctimas concretas, pero también para avanzar en políticas públicas que garanticen institucionalmente, su no repetición.

El caso de Analía Aros Soto

Las autoridades policiales y judiciales, conociendo las graves y permanentes agresiones cometidas por Hugo Gutiérrez, pareja de Analía Aros, en su contra, no adoptaron las medidas que hubiesen permitido impedir su asesinato a manos de su pareja el 21 de marzo de 2017. El Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no investigó ninguna arista relacionada con las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios policiales que recibieron la solicitud de protección de Analía en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Ciudad de Mar del Plata.

El caso de Florencia Albornoz

Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, funcionario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cometió el femicidio de Florencia Albornoz, de 21 años. Tenían una hija. Florencia, además, tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación, Mazo sometió a Florencia a hechos de violencia. La relación se terminó, pero Mazo continuó amenazando y lastimando a Florencia, quien hizo la denuncia en la comisaría. Sin embargo, no se dictó ninguna medida de protección.

Luego de un intento de Maza de quemarla, se instruyó una medida cautelar que decretó la restricción de acercamiento de Mazo, sin plazo de agotamiento. En el mismo contexto de ese caso penal, la Fiscalía también ordenó a la Comisaría de Quilmes, sección primera —en la cual prestaba servicios el agresor—, que custodiara la integridad tanto de Florencia como de su hija Lara en su hogar y en su lugar de trabajo. Finalmente, el 17 de enero de 2010, Mazo ingresó sorpresivamente a la casa donde estaban Florencia y su nueva pareja, Ernesto Escudero, y mató a ambos con su arma de servicio.

El encuentro contó con la participación de familiares de las víctimas de ambos casos, sus representantes legales, y otras autoridades gubernamentales que formaron parte del proceso de diálogo. Por el MMGyD estuvieron presentes la directora de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales, Carolina Minelli; y la directora de Relaciones Internacionales, Sabrina Frydman. Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concurrió la directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, Gabriela Kletzel. También estuvieron el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Javier Salgado; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires, Flavia Delmas; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de PBA, Julieta Calmels; y la directora provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Romina Cutura.