El 17 de agosto de 2020, se aprobó mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679, el Acuerdo firmado entre el Estado y la Defensoría General de la Nación, en representación de la señora Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia de género. A partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se logró el acuerdo y su implementación.

"El reconocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) es significativo porque reconoce que la Argentina tiene una política de Estado dirigida a combatir la violencia contra las mujeres. Tengamos presente que la Argentina voluntariamente llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa, y asumió compromisos que no sólo implican una reparación para la parte peticionaria en este caso puntual, sino que buscan transformar los vicios institucionales que aún dificultan el acceso adecuado a la justicia por parte de mujeres víctimas de violencia doméstica”, sostuvo la directora de Relaciones Internacionales del MMGyD, Sabrina Frydman.

Asimismo, indicó que particularmente el Ministerio “colaboró con las medidas de no repetición orientadas a transformar la actuación de agentes policiales y judiciales, cuya falta de perspectiva de género en el abordaje de las violencias llevó al Estado Argentina a incurrir en responsabilidad internacional”. Para finalizar, afirmó: “Es fundamental, entonces, que estas políticas públicas celebradas por el Comité puedan tener continuidad y profundización, para que nuestro Estado garantice el acceso a una vida sin violencias, que es una obligación plasmada en tratados internacionales que obligan a nuestro país".

En la comunicación internacional N° 127/2018 del Comité CEDAW, se había denunciado al Estado por incumplir sus obligaciones de debida diligencia para prevenir hechos de violencia de género contra la señora Díaz, en especial la tentativa de femicidio sufrida el 24 de marzo de 2017 a manos de su expareja. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco tiempo antes, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.

Entre 2020 y 2023, se realizaron las siguientes acciones, que permitieron la ejecución integral de los compromisos oportunamente asumidos:

La atención y reparación económica de la víctima.

Un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas.

La confección de un registro público de denuncias contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género y la inclusión en la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación.

La elaboración de “Principios Generales de Actuación en Casos de Violencia Doméstica”, dirigidos a los operadores del Poder Judicial de la Nación para generar buenas prácticas en la atención de este tipo de situaciones.

La capacitación a magistrados/as y a personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, así como sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias.

La convocatoria a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación que evite la fragmentación del abordaje institucional y la autorización, a través del sistema de gestión de causas el acceso recíproco entre el fuero civil y el penal a los expedientes vinculados con esta materia.

La comunicación del Acuerdo de Solución Amistosa a los tribunales con competencia en materia de familia y penal que intervienen en denuncias de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acciones encaminadas a fortalecer el Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Así como en este caso ante un órgano de tratado de ONU, durante la actual gestión de la Secretaría, también se logró la declaración de cumplimiento total de diversos acuerdos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sentencias de la Corte IDH.

Se trata de experiencias de articulación interinstitucional que demuestran que los Estados pueden estar a la altura de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, con medidas de reparación individual y garantías de no repetición.