La CIDH instaló su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19) para fortalecer las capacidades institucionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección y defensa de las libertades fundamentales y derechos humanos en este contexto. En este marco fue que se creó la Mesa de Género de SACROI, una alianza de organizaciones feministas y de derechos humanos presente en distintos lugares del país. El documento presentado sintetiza los aprendizajes y recomendaciones que se desprenden del monitoreo realizado en el primer año de la pandemia y busca incidir en la formulación y revisión de políticas públicas.

“Este ministerio es producto de la decisión política del gobierno nacional que recogió la demanda de los movimientos de mujeres y feministas que impulsaron la jerarquización de las políticas de género y diversidad. En ese sentido, la articulación con provincias, municipios y organizaciones que trabajan en el territorio siempre fue prioritaria, por eso es parte del enunciado del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género”, sostuvo Malacalza en la apertura del encuentro y agregó: “Esto resultó una necesidad imperiosa durante la pandemia para poder desarrollar cada política que se impulsó durante la crisis sanitaria para garantizar los derechos a mujeres y LGBTI+ en todo el país”.

En su intervención, la funcionaria hizo un recorrido por distintas medidas que fueron planteadas como objetivos clave en el nacimiento del Ministerio, en diciembre de 2019, y que debieron reformularse a pocos meses de iniciada la gestión con la llegada de la pandemia a nuestro país, a principios de 2020. Entre ellas, destacó la adecuación de los servicios de la Línea 144 para garantizar la atención las 24 horas, los 365 días del año; la incorporación de las vías de comunicación por correo electrónico y por WhatsApp; la declaración como esenciales de lxs trabajadorxs que provén la atención y el suministro de los insumos y las herramientas quienes realizaban el trabajo desde su hogar. La articulación federal con provincias, municipios y organizaciones en contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en tanto, constituyó uno de los mayores desafíos tanto para la implementación como para el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, así como para la elaboración participativa del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.

En el encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, se expusieron diversos temas que conciernen al bienestar de las mujeres y LGBTI+ en el contexto de la pandemia. El desglose temático surgió como propuesta de la Mesa de Género, una alianza de organizaciones civiles, de derechos humanos y feministas con anclaje territorial en diversas provincias argentinas, que se propusieron visibilizar el estado de situación de la implementación de políticas con perspectiva de género en función de la recomendación 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas de la CIDH.

En esa línea, se abordaron cuatro ejes: la participación política; el lugar de las instituciones financieras internacionales; las violencias por razones de género; y el acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Las presentes señalaron, entre otros puntos, la necesidad de que las instituciones financieras internacionales que otorgan préstamos a los Estados generen indicadores de género para poder obtener información diferenciada así saber si los financiamientos son dirigidos a políticas con perspectiva de género. También, se hizo énfasis en distintos obstáculos que travestis, trans y personas con discapacidad, tienen aún al momento de acceder a derechos e información para hacerle frente a las violencias por razones de género.

Por último, se hizo referencia a que el derecho de acceso al cuidado aún es una deuda pendiente por lo que la implementación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, las propuestas de un nuevo sistema de cuidados y una nueva ley de licencias, así como las iniciativas de reactivación económica inclusivas para mujeres y LGBTI+, constituyen pasos fundamentales para el impulso de una sociedad más justa e igualitaria.

Estuvieron presentes integrantes de las organizaciones Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Centro para la implementación de derechos constitucionales (CIDC), ELA, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes); la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); y la Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos (Xumek).