La semana pasada los legisladores del Concejo de Representantes de Carlos Paz rechazaron el paso de parte del personal de la Cooperativa Integral, La Coopi, a la planta municipal, un proyecto del gobierno local en su intención de pasar la concesión del suministro de agua potable al municipio. “El proyecto para pasar a los trabajadores a la planta municipal sin reformar la Carta Órganica es anticonstitucional y por eso los representantes votaron en contra”, señala Rodolfo Frizza, gerente de La Coopi.

La Cooperativa Integral (Coopi) nació el 5 de junio de 1963, con la organización de algunos vecinos y en pocos años fue creciendo en cantidad de socios y prestaciones. En la década de 1980 sufrió su primera gran crisis a causa de la corrupción generada por la intervención militar durante la Dictadura. Un paro de 40 días de sus trabajadores en 1986 permitió renovar la conducción y la empresa pasó nuevamente a manos de sus socios trabajadores para comenzar una nueva etapa de expansión y servicio a la comunidad.

Historias como la de La Coopi se repiten en muchas ciudades y pueblos provinciales. Es una de las prestatarias que históricamente han ofrecido los servicios esenciales en lugares en los que el capital privado no se interesa porque no lo considera un buen negocio y el Estado no puede hacerse cargo por falta de capacidad operativa. El cooperativismo ha sido la solución para que los habitantes de pequeñas ciudades y pueblos hayan conseguido el agua potable, la provisión de gas, la red eléctrica y otros servicios básicos en esas regiones.

En la Argentina hay 1167 cooperativas que prestan servicios públicos en general. Unas 600 funcionan en manos de los propios usuarios en 15 provincias argentinas, con casi 2 millones de asociados. Esas cooperativas cubren los servicios básicos de 7,6 millones de personas, el 17% de la población nacional. Gracias a este sector, 720 localidades de las más pequeñas del país pueden contar con servicios esenciales.

El conflicto
La disputa por la concesión del agua potable en Carlos Paz tiene varios años. En 2017, el municipio consiguió el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba para que se le reconozca su potestad sobre el servicio y a fines de noviembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó ese fallo. Por su parte, La Coopi se ha presentado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). “Entendemos que el agua se trata de un derecho universal que no puede ser vulnerado y mucho menos cuando está en riesgo la salud pública por una pandemia. Seguiremos reclamando por esos caminos y nos seguiremos manifestando en todos los lugares que sea necesario porque creemos en la justicia de nuestro reclamo”, explica Frizza.

Los trabajadores de La Coopi plantean que hay experiencias anteriores de municipalización de servicios locales que han perjudicado a los vecinos. “Lo que podemos decir es que se ha municipalizado la recolección de basura, luego se concesionó y el presupuesto aumentó un 91%, los vecinos no lo notan porque está disimulado dentro del presupuesto de Rentas Generales. Lo mismo pasa con el transporte público que fue municipalizado y luego privatizado, ha sufrido un aumento del 71% y recibe un subsidio de 60 millones de pesos”, enumera Frizza.

El aprendizaje
El gerente de La Coopi, una de las entidades que forma parte del Núcleo Promotor de la Mesa del Asociativismo y la Economía Social de Carlos Paz, asegura que esta lucha por defender la cooperativa ha renovado la convicción de sus trabajadores en el camino asociativo. “Esta lucha nos enseñó que el vecino es aquél con el que tenemos que estar, que tenemos que profundizar el diálogo para conocer más a fondo las necesidades y nuestra participación en la Mesa va en ese sentido, saber qué necesita la comunidad para ver en qué podemos ayudar, toda nuestra tarea tiene esa razón de ser, el compromiso solidario con el vecino”, afirma.

En ese contexto, se pregunta qué puede pasar con el trabajo comunitario que cumple esa cooperativa: “Somos conscientes de la función social que tenemos. Lo que se pone en juego aquí tiene muchas consecuencias. Qué va a pasar con los 400 trabajadores que dependen directa o indirectamente de la COOPI; qué va a pasar con las telecomunicaciones en la zona sur, que no es rentable pero la sostuvimos; con la radio comunitaria que es el único canal de información independiente que tienen los vecinos; con el banco solidario de sangre, la nuestra es una acción solidaria permanente, cuando se decretó el aislamiento social preventivo en la ciudad invertimos más de 3 millones de pesos en bolsones sanitarios, de alimentos, frazadas, celulares para escuelas con falta de conectividad”.

Se espera que la CIDH trate en febrero la presentación de los trabajadores y permita abrir un nuevo escenario de negociación. Mientras tanto, La Coopi no detiene sus proyectos, entre los cuales se cuenta la ampliación de su tarea cultural con la apertura de un espacio de pensamiento alternativo en la ciudad, con espacios de reflexión, más de 50 talleres de acceso a todos los asociados, que van desde aprendizaje de guitarra hasta teatro y deportes. Además de seguir con sus campañas en las escuelas, donde les explican a los chicos la importancia de los servicios que prestan, especialmente el cuidado del agua en una zona que entre julio y octubre del año pasado sufrió los incendios forestales y periódicamente sufre sequías.