La Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, conocida comúnmente como Baremo, es una herramienta técnica y legal fundamental dentro del Sistema de Riesgos del Trabajo. Su función principal es traducir las secuelas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional en un porcentaje numérico y objetivo de incapacidad laboral permanente.

Este instrumento fue aprobado por el Decreto 659/96 y es de aplicación obligatoria para las Comisiones Médicas, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y el sistema judicial al momento de determinar el grado de una incapacidad.

El propósito central del Baremo es establecer un criterio unificado y objetivo para medir la disminución en la capacidad de trabajo de una persona a raíz de una contingencia laboral. Esto asegura que casos similares sean evaluados bajo los mismos parámetros en todo el país, aportando equidad, transparencia y previsibilidad al sistema.

Dentro del Sistema de Riesgos del Trabajo, el Baremo es un pilar por varias razones:

• Aporta Seguridad Jurídica: Unifica criterios y reduce la discrecionalidad en las evaluaciones.
• Garantiza Equidad: Asegura que todos los trabajadores sean medidos con la misma vara técnica.
• Facilita la Reparación: Proporciona una base objetiva e incuestionable para el cálculo de las prestaciones dinerarias, agilizando los procesos de indemnización.

Tras casi tres décadas de vigencia, el Baremo ha sido objeto de una modernización integral. Mediante el Decreto 549/2025, publicado en el Boletín Oficial en agosto de 2025, el Poder Ejecutivo aprobó una nueva y actualizada "Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales". Esta reforma, que entrará en vigencia en febrero de 2026, busca alinear los criterios de evaluación con los avances científicos y médicos actuales, incorporar nuevas patologías y garantizar una mayor uniformidad y objetividad en las pericias, con el fin de reducir la litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica del sistema.

En resumen, el Baremo no es solo una tabla de porcentajes, sino un mecanismo diseñado para garantizar que la evaluación de las consecuencias de un siniestro laboral sea justa, objetiva y considere integralmente tanto el daño físico como el impacto en la vida laboral de la persona.