Hay apariencia de conflicto de intereses cuando no se presenta ninguna de las situaciones de conflicto previstas en la Ley de Ética Pública, pero la ciudadanía percibe -de forma razonable- que la imparcialidad de las decisiones que deban adoptarse en un caso podría encontrarse afectada.

Si bien estas situaciones de conflicto “aparente” no pueden asimilarse a las situaciones prohibidas en la Ley de Ética (ni tienen sus mismas consecuencias), de todos modos deben ser gestionadas a través de herramientas transparencia, control y participación ciudadana, así como mediante la formulación de recomendaciones de la OA a los agentes que se encuentren en ellas.