El Decreto 202/17 prevé la suscripción de una declaración Jurada de Intereses por parte de toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio del Estado, en el ámbito del Sector Público Nacional.

En esta declaración el oferente o peticionante debe consignar si posee determinados vínculos con las máximas autoridades de la Nación: Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional (aunque no tengan competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata). O bien, con funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

En el caso de existir algún vínculo las normas incorporan herramientas adicionales de control y transparencia. Todos los expedientes deben ser publicados de forma proactiva para promover su seguimiento y consulta por parte de cualquier persona.

Este decreto es complementado por la Resolución E-11/2017, que aprueba el formulario de Declaración Jurada de Intereses y los lineamientos para la elaboración de Pacto de Integridad, Testigo Social, Veeduría especial de organismos de control y Audiencia Pública.

La OA es su autoridad de aplicación.