En el año 2017, el Poder Ejecutivo dictó dos decretos por los que estableció mecanismos adicionales de control y transparencia en procesos judiciales y administrativos para evitar posibles conflictos de intereses de las máximas autoridades del Estado.

Estas normas son complementarias a la Ley de Ética Pública (que sigue aplicándose) y tienen como objetivo incorporar herramientas adicionales de transparencia y control:

• en procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte el Estado;
• en las contrataciones públicas;
• en el otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado.

En estos casos, se crea un procedimiento especial de mayor transparencia y control ciudadano cuando las partes declaren tener vínculos con los funcionarios públicos de alto nivel, con el objeto de mejorar la confianza de los ciudadanos en la toma de decisiones.