CONABIA
Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria
Historia
Desde 1991, la Argentina regula las actividades relacionadas con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de uso agropecuario. Para ello se creó la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA, RESOLUCIÓN 124/91) como instancia de evaluación y consulta, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).
En un comienzo, la CONABIA estuvo a cargo de todo el proceso regulatorio y de evaluación, contando con el soporte administrativo de la Coordinación Técnica de la CONABIA, un área de la entonces Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGYP). A medida que las actividades se fueron incrementando y las tecnologías evolucionando, la actual Coordinación de Innovación y Biotecnología pasó a hacer el seguimiento y evaluación de las solicitudes presentadas para desarrollar actividades con OGM, junto a la CONABIA.
Argentina es uno de los primeros países que han desarrollado, aplicado y regulado las técnicas de Biotecnología moderna, desde finales de los años ’80, contando con más de 30 años de experiencia en la materia. Es por ello que en 2014 la CONABIA fue reconocida por la FAO como "Centro de Referencia para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados”. Esta designación fue renovada en 2019. A través de la CONABIA, la Argentina presta asesoramiento, asistencia técnica y colabora con otros países en relación con los enfoques y marcos regulatorios para la biotecnología.
El marco regulatorio para OGM fue implementado en 1991, siendo el primero en Sudamérica. Desde aquel momento, se ha modificado y actualizado de forma continua, conforme al avance del conocimiento científico y la experiencia en la evaluación y el manejo del riesgo. Vale la pena mencionar que el sistema regulatorio argentino no sólo ha sido pionero, anticipándose a la llegada de las tecnologías, sino que siempre ha sido referencia en el ámbito mundial.
Composición de la CONABIA
La CONABIA está constituida por representantes expertos y expertas de Instituciones involucradas en la biotecnología agropecuaria (RESOLUCIÓN 112/16). Es un grupo interdisciplinario e interinstitucional cuya Secretaría Ejecutiva es ejercida por la Coordinación de Innovación y Biotecnología en el ámbito de la Dirección Nacional de Bioeconomía.
Las personas expertas cubren todos los aspectos a evaluar estipulados en las regulaciones. Sin embargo, la Comisión tiene la facultad de citar o recurrir a científicos y científicas de otras áreas para profundizar el análisis de ciertos temas. Esto demuestra la fortaleza del marco regulatorio y el compromiso de sus integrantes a garantizar la seguridad del agroecosistema.
Debido a la importancia de la labor de la Comisión y teniendo en cuenta su carácter multisectorial y multidisciplinario, sus integrantes deben expresar cualquier tipo de conflicto de interés que pudiera surgir en la evaluación de las solicitudes presentadas. En caso de que hubiera un conflicto de interés, el o la representante en cuestión debe abstenerse de participar en la evaluación en todo momento. Esto es imprescindible para garantizar la transparencia e imparcialidad de los dictámenes no vinculantes que esta Comisión extiende junto con la Coordinación de Innovación y Biotecnología como asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Misión
Tanto la CONABIA como la Coordinación de Innovación y Biotecnología tienen como objeto garantizar la bioseguridad del agroecosistema. Para ello, especialistas de cada sector analizan y evalúan las solicitudes presentadas para desarrollar actividades con OGM. Por lo tanto, no solo se estudian las características del OGM en cuestión sino el objetivo de la actividad a desarrollar, cómo, dónde y cuándo se desarrollará dicha actividad y la idoneidad del solicitante.
En base a información científico-técnica y a datos cuantitativos respecto de la bioseguridad del OGM la CONABIA emite un dictamen no vinculante, que se presenta ante la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Autoridad de Aplicación, que tiene la potestad de autorizar o no la realización de las actividades solicitadas.