La sanción de Ley 26.618 resultó la conclusión de una lucha de más de tres décadas del movimiento LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales), un mojón político y social que reconoció a las poblaciones de la diversidad sexual como sujetos de derechos. Así, pasaron a tener los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales.

Además, marcó un antecedente fundamental para la sanción de otras leyes como la de Identidad de Género, el Decreto 1006/2012 de Reconocimiento Igualitario para hijos e hijas y la Ley 26.862 de Fertilización Asistida.

La ley 26.618 reconoce los derechos de las parejas de cualquier sexo a contraer matrimonio, con las consecuencias legales y sociales que esto tiene para sus hijos e hijas, y también instó a la sociedad a tener una mirada más diversa y amplia sobre las personas que la conforman el colectivo que consiguió este derecho.