El pasado miércoles 2 de noviembre, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, presidido por el Ministro de Justicia, Martin Soria, aprobó por unanimidad la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022), cumpliendo con los estándares y metodología internacional en la materia.

La reunión contó con la participación de todos los organismos que integran el Comité creado en 2019. Estuvieron presentes: el coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Agustín Carrara; el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Otero; el gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Rodolfo Ferraro; el titular de la Dirección de Investigación Financiera de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alejandro Strega; la directora de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del Instituto de Asociativismo y Economía Social, Karina Adam; el subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad, Marcelo Leyría; el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gabriel Herrera; la gerenta de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores, Regina Cerone; el gerente de Información de Operaciones Especiales del Banco Central de la República Argentina, Ítalo Lombardi; el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, Juan Tomás Rodríguez Ponte y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal, Diego Velasco; y representantes de la Agencia Federal de Inteligencia.

En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta; el director nacional de Asuntos Internacionales, Juan José Cerdeira; y la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Gimena del Rio.

Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado Argentino contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA/FT/FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En función de ello, en el año 2020, la República Argentina inició este ejercicio con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), logrando un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional y evidenciando el compromiso del más alto nivel político que finalmente se plasmó en la aprobación durante el año 2022 de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos mediante Decreto N° 653/2022 y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva mediante Decreto N° 652/2022.

Se trató de un proceso de recolección y análisis de información no solo de los organismos que conforman el mencionado Comité de Coordinación sino también de los Poderes Ejecutivos, Judiciales y Ministerios Públicos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, implicó diversas instancias de intercambio con representantes del sector privado, tanto del sector financiero como no financiero.

Además, y de conformidad con los estándares internacionales, las evaluaciones nacionales de riesgos mencionadas fueron utilizadas como base para el diseño de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP que fue aprobada el 29 de septiembre pasado y que contiene un Plan de Acción para el período 2022-2024.

Si bien las versiones completas de estos documentos fueron declaradas de carácter reservado, se autorizó la diseminación de la totalidad de los informes y sus anexos a los representantes de las agencias que integran el Comité de Coordinación y la difusión de la presente versión pública para el público en general.

En efecto, el primer Objetivo General de la Estrategia Nacional prevé una amplia difusión dentro del sector público y privado de estas evaluaciones como parte del fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema ALA/CFT/CFP.