El martes 6 de diciembre, la Oficina Anticorrupción (OA) participó del evento realizado en la sede de la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) para reflexionar sobre el proyecto de ley de Integridad y Ética Pública presentado por la OA.

La actividad tuvo como objetivo compartir perspectivas basadas en conocimientos y experiencias tanto desde el sector público como el privado para un abordaje rico y plural creando un espacio amplio de reflexión.

En primer lugar, Irma Rosales, presidenta de la Unión Argentina de Proveedores del Estado dio la bienvenida a los presentes donde expresó que “este nuevo proyecto consideramos que es un avance en cuanto a la normativa que existe”. “Como Cámara a través de la Comisión de Seguimiento que preside Angel Bruno, hemos participado de la elaboración participativa que planteó la OA” dijo Rosales.

La presentación de la jornada estuvo a cargo de Angel Bruno, presidente de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción quien contó que “a ley vigente, que tiene 20 años de sancionada, merece ser reformada porque tiene inconsistencias que se han ido poniendo de manifiesto a través de los años”. Sobre el proyecto, Bruno destacó que “incorpora cuestiones que la actual no tiene, en primer lugar cumple con una de las obligaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción exige a los Estados que es generar una auténtica y detallada protección al denunciante”.
También resaltó “la incorporación del tema de intereses en las declaraciones juradas, ahora son sólo patrimoniales, es fundamental porque significa que diga el que aspira a un cargo público qué hizo en los últimos tres años, vinculaciones, negociaciones, su hoja de vida para ver cuáles serían sus eventuales incompatibilidades y conflictos de intereses, y también de los dos años posteriores”. Por último, apuntó como “novedoso” la “prohibición de parte de quienes acceden a cargos públicos de participar en sociedad offshore, que sabemos que son opacas para muy posiblemente lavar o evadir el fisco”.

Seguidamente, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA expresó: “El proyecto de ley cambió un montón desde que lo presentamos la primera vez y eso se debe a la participación de la sociedad civil que lo enriqueció muchísimo”. Este proyecto, contó el funcionario, pretende crear un “sistema nuevo”, porque “el problema de Argentina no es que faltan normas, sino actores institucionales que trabajen estos temas. Suele ser difícil coordinar y articular, y gran parte de la lógica sistémica que propone el proyecto apunta a eso”.

Villanueva, hizo hincapié en que el proyecto de Ley “sube al escenario a los tres poderes del Estado, porque entiende a la corrupción como un fenómeno complejo, multidimensional que se juega en los dos lados del mostrador y en el mostrador mismo”. En este sentido, destacó que “vale la pena referirnos al enfoque de la OA sobre la construcción de una integridad pública, que no puede dejar de lado a la sociedad civil no sólo en la construcción de la norma sino en el acceso a la información”.

Luego, Irma Rosales, realizó un repaso por los principales puntos del proyecto que la OA entregó al Presidencia de la Nación, “nos parece interesante que el régimen de declaraciones juradas, contempla y hace extensivo, no solamente determinados números de funcionarios sino que lo extiende a quienes participan en la fiscalización y control en el Estado” y agregó “nuestro principio es la transparencia de los procesos licitatorios, y entendemos que la extensión de quienes participan en la gestión del proceso licitatorio e importante”. La presidenta de la UAPE marcó como importante “la modificación de la declaración jurada de interés que tiene que presentar el proveedor, que existe en la actual norma pero que hoy es un formulario con pocos elementos. En contraposición, la nueva ley establece un control más riguroso, desde el punto de vista patrimonial y de nivel de relación de su familia. Hace más puntual el control de la transparencia y la ética de las contrataciones públicas”.

A su turno, Roberto Gilbert, director de la Oficina Nacional de Contrataciones manifestó que el proyecto “es una herramienta que la necesitamos, está bien diagramada” y aclaró que “este no es un problema de Argentina solamente, el mundo está trabajando en este tipo de cosas. Y en cuanto al sistema de contrataciones, dentro del país hay muchas cosas para pulir y mejorar”.

Por su parte, María Verónica Montes, directora de elaboración e interpretación normativa de la Oficina Nacional de Contrataciones contó que “desde la Oficina estamos realizando una evolución del sistema de contrataciones con estándares internacionales, uno de los pilares que se analiza tiene que ver con la rendición de cuentas, integridad, transparencia, prevención y sanción contra la corrupción. Las contrataciones públicas están relacionadas con este tema”. También consideró que “estar acá es una buena señal porque este tipo de cuestiones necesita de un trabajo interdisciplinario, es la forma de hacer bien estas cosas. No es que nos hagan falta normas, pero falta esa coordinación que es lo que se está haciendo con este proyecto de ley”.

Para finalizar las exposiciones, Leopoldo Giupponi, coordinador de políticas de integridad de la OA explicó: “una novedad que trae el proyecto es que está pensado como un sistema de integridad, con una mirada más estratégica, contemplando la experiencia de los veinte años de la ley original”. Dentro del análisis de la ley vigente, el funcionario contó que se evidenció un déficit que trajo la falta de tener una normativa clara, no solo para el público sino para los funcionarios públicos. Es importante que las normas para los funcionarios y para quienes interactúan sean claras para que sepan a qué atenerse, la redacción de la actual ley tiene baches que han sido subsanados por trabajos de la OA, sobre estrategias de comunicación para recordarle los deberes de ética pública a los funcionarios y funcionarias”.

Otro de los déficit que encontraron en base al análisis de la actual legislación, “se visualizaba en materia de conflictos de intereses, no había una tipología, y ahora se incorporan las herramientas que existen en la gestión de estas tipológicas de conflictos, reales, aparentes y potenciales, y va a traer más transparencia para todos los actores, funcionarios, sector privado que interactúa con esos funcionarios”, dijo el funcionario de la Oficina.

En el final de su exposición, Giupponi habló sobre el Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP) que incorpora la ley propuesta por la OA respecto a “cómo prevenir el fenómeno de la puerta giratoria, MAPPAP es un sistema sencillo que creó la OA para que los funcionarios declaren sus antecedentes y que se hagan públicos, para poder controlar conflictos de intereses al egreso de la función pública”.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del presidente de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción que destacó “quiero agradecer a la Oficina Anticorrupción que han tenido desde hace bastante tiempo, desde que asumieron las nuevas autoridades, una política de cercanía realmente notable, así que muchas gracias por eso”.