El perfil de consultas de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) muestra cómo se va incrementando la actividad hacia el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, según se desprende de las estadísticas de atención durante el primer semestre de 2018. De las 184.496 consultas realizadas en CAJ de todo el país, el mayor porcentaje son las vinculadas con lo social.

Por ejemplo, el 10% del asesoramiento (18.439) se inicia por algún requerimiento sobre programas sociales específicamente, mientras que el 6.5% (12.026) fueron por trámites de migraciones, radicación, ciudadanía o refugio, y un 6.1% (11.164) correspondieron a pedidos de certificado de antecedentes penales, todos requisitos para acercarse a algún beneficio social.

El porcentaje de consultas sobre temática social creció un 2% respecto del mismo período de 2017 y pasó del tercer al primer lugar entre los más consultados.

Cuatro de cada diez consultas sobre alimentos durante este semestre fueron por programas sociales y/o acceso a prestaciones sociales de emergencia (tarjeta alimentaria o bolsones de comida), mientras que un 11% de estas consultas fueron por vacantes en comedores comunitarios.

“Los CAJ son solucionadores de problemas estructurales, son el punto de encuentro entre el texto de la ley y el ejercicio del Derecho; promueven el desarrollo inclusivo y la calidad de nuestra democracia a través del empoderamiento legal de quienes más lo necesitan”, señaló María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

De Ushuaia a La Quiaca

El ciudadano comenzó a ver el CAJ como una unidad en la que puede averiguar, conocer y pedir por sus derechos. Como muestra, se incrementaron en casi un 50% las consultas sobre violencia de género respecto del primer semestre del 2017: 2743 contra 1837 del año anterior. De esas 2743 consultas, el 39.3% (4 de cada 10) son realizadas por mujeres de entre 18 y 35 años.

Por otra parte, 11.292 consultas ingresadas en los CAJ durante el primer semestre de este año (6% del total ingresado) fueron por trámites relativos a documentación de identidad o partidas y el 38% de las consultas vinculadas a discapacidad fueron por pensiones contributivas y no contributivas, un 22,6% por certificados de discapacidad y un 7,3% por programas sociales.

Los trámites relativos a la SUBE, pases, certificados o boletos de transporte público se llevan 12.488 consultas, a través de las cuales, muchos de los usuarios se enteran que pueden acceder al beneficio una tarifa social (estudiantes, jubilados, ex combatientes de Malvinas, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de planes sociales, entre otros).

Son 90 Centros de Acceso a Justicia y 200 puntos de atención distribuidos a lo largo de todo el país, desde los jujeños de San Salvador y Susques hasta los más australes, como los de Tolhuin y Ushuaia.

En cada uno de ellos se puede iniciar consultas y trámites sobre documentación, educación, programas sociales, famila (divorcios, convivencia), discapacidad, salud y todo lo referido al asesoramiento legal penal.