El convenio, que se firmó en concordancia con el quinto aniversario de la sanción de la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, permitirá avanzar con la plena implementación de esta norma.

La Ley 27.372 permite que la víctima, entre otras cosas, pueda participar del proceso aun cuando no se presente como querellante y puede además exigir medidas mientras dure la investigación y seguir la investigación, como querellante, cuando el fiscal decida no continuar con la persecución penal.

También se les otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos –con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.

El acuerdo institucional entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa permitirá cumplir con lo establecido en artículo 11 de la ley, el que asegura que “la víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos". También para querellar, si “sus circunstancias personales se encontraren imposibilitada de solventarlo”.

Así, se podrán mejorar las respuestas que el Estado les ofrece a las víctimas de delito. Las áreas encargadas de la temática son la Dirección Nacional de Asistencia a la Víctima (CENAVID) del Ministerio de Justicia y la Secretaría General de Política Institucional del MPD.

"La víctima tiene que tener un lugar central en el proceso penal"

Soria destacó la puesta en marcha de nuevos programas: PatrocinAR, que pone a disposición de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual abogados y abogadas de manera gratuita; y el programa AyudAR, el primer mapa federal interactivo de recursos para víctimas.

Martínez expresó su "alegría por tener una ley con 5 años de antigüedad; lo que hay que festejar es que, poco a poco, se está empezando a cumplir. Es una ley que todavía genera resistencia, como todo nuevo texto legal".

"Por eso una ley de víctimas que obligue, que reconozca que la víctima tiene que tener un lugar central en el proceso penal, que no nos podemos apoderar de ella, que tienen derecho a expresarse, a que la escuchen, es fundamental", agregó.

Por parte del Ministerio de Justicia participaron de la reunión el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, el subsecretario de Acceso a la Justicia, Hugo Oyarzo, el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto, la directora nacional de Asistencia a las Víctimas, María Azul Romero Beery, la directora de
Políticas Transversales de Género, Micaela Gentile, y la coordinadora del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti.