Resaltamos que son numerosos los casos en los que las denuncias contra el agresor se producen de forma tardía y/o no inmediata. Esto obedece al tiempo que tardan las víctimas en comprender los hechos pero también se debe a otras cuestiones vinculadas al silenciamiento, el miedo a ser culpadas, el aislamiento y, en ocasiones, a situaciones económicas o religiosas.

Los delitos contra la integridad sexual, comúnmente se producen en ausencia de otras personas, además de la víctima y el agresor, por ello,la palabra de la persona que sufrió una agresión sexual, su declaración, constituye una prueba fundamental sobre lo ocurrido.

En Argentina, la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual tuvo un efecto multiplicador en las consultas por violencia de género. El coraje de Thelma Fardin para romper el silencio después de tantos años animó a muchas niñas y mujeres a poder hablar y denunciar hechos de estas características.

El hecho de que la violencia sexual contra Thelma Fardín se cometiera antes del cambio de la legislación brasileña, por lo tanto, no impide la calificación del acto como delito de violación, en función de la palabra de la víctima y otros elementos que pueden estar contenidos en el expediente.

Lamentablemente, la movilización social contra el silencio y la impunidad en este tipo de hechos se contrapone con sistemas judiciales que no incorporan perspectiva de género en su accionar y que siguen sosteniendo bajos índices de persecución y juzgamiento en Brasil, Argentina y en la región en general.

En Argentina según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias, mientras que en Brasil la tasa de condena por violación sexual es es cercana al 1%, según estimaciones del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea).

Como representantes de Estados comprometidos con los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en toda su diversidad, compartimos la preocupación por los elevados niveles de impunidad y nos comprometemos a trabajar en conjunto para promover la transversalidad de la perspectiva de género en todo el sistema judicial y favorecer el acceso a la justicia y la reparación, no sólo para las víctimas sino también para todas las mujeres y la sociedad en su conjunto.

En ese marco reafirmamos la necesidad de cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Argentina y Brasil en 1996, que establece que es deber del Estado establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres en situación de violencia de género, así como adoptar todas las medidas apropiadas para modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que legitimen la persistencia y la reproducción de la violencia contra las mujeres.

Destacamos que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de la República Federativa de Brasil aprobó la Resolución No. 492 del 17 de marzo de 2023, que dispone la adopción del Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género para todo el Poder Judicial nacional, que reconoce e insta a dar valor especial a la palabra de la mujer víctima de violencia de género.

Asimismo, entendemos fundamental promover estrategias de concientización para desarmar los prejuicios y estereotipos que pesan sobre las mujeres para que puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades y derechos. Sabemos que, más allá de las disposiciones normativas, la eficacia de las leyes y políticas públicas contra las violencias está estrechamente vinculada con la deconstrucción de los valores patriarcales que atentan contra la igualdad entre los géneros.