A través de un proyecto de ley que ingresó el jueves a la Cámara de Diputados, la gestión uñaquista obligará a que las empresas mineras, metalíferas y no metalíferas, creen un fondo, una garantía financiera, con el objeto de tener recursos disponibles para encarar el cierre de mina cuando terminen la explotación. Si bien las compañías hoy presentan un plan de dicho proceso en el Informe de Impacto Ambiental, lo cierto es que no detallan cuánto costará ni cómo harán las tareas. Con la norma, el Gobierno busca asegurarse que el dinero esté para garantizarse que la firma lleve adelante la clausura del emprendimiento. La iniciativa será discutida en comisión, por lo que puede sufrir cambios, pero es un hecho que será aprobada y reglamentada este año, indicaron fuentes oficiales. Una vez que la norma entre en vigencia, las minas que están en operación tendrán un año para armar el plan de cierre y tener la herramienta financiera para afrontar los gastos que requieran esos trabajos.

Si bien desde el Ejecutivo aseguraron que vienen trabajando en el proyecto hace un año y medio, la realidad indica que se presentó luego de que la empresa Barrick indicara formalmente el freno en el emprendimiento Lama y que el ministro de Minería, Alberto Hensel, informara que le solicitará a la sociedad china-canadiense el cierre de las actividades. Y no sólo eso sino que la mina Gualcamayo, en Jáchal, está ingresando en su etapa final, mientras que Veladero en Iglesia y Casposo en Calingasta también se encuentran cerca de esa etapa. Los tres tendrán que adecuarse a la ley una vez sancionada.

"La ley tiene que ver con generar previsibilidad para todos, los inversores y la población".
ALBERTO HENSEL Ministro de Minería

El cierre de mina consiste en un estudio económico exhaustivo, incluido en los costos del proyecto, donde están contemplados los trabajos a realizar para dejar el lugar donde se desarrolló la explotación como estaba antes de iniciar la actividad. Según el proyecto, todas esas tareas deberán tener como respaldo una garantía financiera constituida en depósitos en plazo fijo, títulos públicos, fondo fiduciario, póliza de caución o en una sociedad de garantía recíproca. Esos recursos serán ejecutados cuando la etapa de cierre se active. Pero también deberán crear un fondo de previsión ambiental que, según la iniciativa, se constituirá con el 30 por ciento del total de los recursos de la garantía financiera. El fondo estará en manos del Ministerio de Minería, que lo utilizará por cualquier eventualidad que surja dentro de la etapa de clausura.

Las empresas en actividad presentan hoy un plan de cierre en su informe de impacto ambiental, pero en el mismo no se detallan las tareas a realizar, cómo se harán, cuánto costarán y el tiempo que demorarán, cosa que sí le dará la norma.

Según Hensel, San Juan estará cumpliendo estándares internacionales en materia minera con la ley y se convertirá en el primer distrito del país en tener una de ese estilo. La iniciativa además establece penalidades para los incumplidores, como apercibimientos, multas y hasta la clausura del proyecto. Por otro lado, los emprendimientos que se desarrollen a futuro tendrán un plazo para conformar las garantías monetarias para un cierre.

Cierre de mina
La mina Gualcamayo, en Jáchal, es la que está más cerca del cierre. Según indicaron fuentes oficiales, de no encontrar un socio, la empresa Yamana estará en condiciones de finalizar tareas en 2019. El yacimiento subterráneo de Casposo, en Calingasta, va camino a una clausura en 2023, mientras que Veladero, en Iglesia, lo hará cerca de 2025.