El Informe de Gestión, que está compuesto por 19 capítulos, menciona la publicación -luego de 3 años- de los listados de funcionarios cumplidores e incumplidores en la presentación de las Declaraciones Juradas (DDJJ). Además, da cuenta del cumplimiento el decreto “Plan de Apertura de Datos” 117/16 firmado por el Presidente de la Nación, a partir del cual se dieron a conocer en formato abierto y disponible para todos las DDJJ de 45 mil funcionarios. Asimismo, informa sobre 150 actuaciones sobre incompatibilidades y conflictos de intereses y describe la reglamentación -después de 16 años- del Régimen de Obsequios y Viajes Financiados por Terceros a Funcionarios Públicos.

En otra sección, se repasan los proyectos de ley que impulsamos. Dos de ellos fueron aprobados durante 2016 por el Congreso: la Ley del Arrepentido para delitos de corrupción y la Ley de Acceso a la Información Pública. Uno obtuvo media sanción: la Ley de Extinción de Dominio. El restante, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

También se señala nuestro rol en el impulso y seguimiento de causas judiciales, en varias de las cuales actúa como querellante, como las causas Hotesur, Ciccone, Tragedia de Once y enriquecimientos ilícitos de ex funcionarios. A la vez, se mencionan las denuncias realizadas por el organismo, como el alquiler irregular de depósitos de combustible de ENARSA, subsidios irregulares para construir canchas de hockey y coimas en el Ministerio de Salud.

Por su parte, en el capítulo sobre Actuación Internacional, se brinda información sobre nuestro rol en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 y la articulación con organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, expresó que “en diciembre de 2015 encontramos una Oficina Anticorrupción desmantelada, sin presupuesto y sin rumbo”, y destacó que “un año más tarde, hemos dado pasos muy importantes en materia de integridad y transparencia”, ya que “Argentina ha mejorado su reputación a partir de reformas institucionales que muestran sus primeros resultados positivos, como el índice de Transparency Internacional”.

En este contexto, resaltó que “queda mucho por hacer” y llamó a “promover una cultura de integridad en el Poder Ejecutivo contagiando al Congreso, al Poder Judicial, a gobiernos provinciales y municipales, y al sector privado”. En cuanto a los próximos objetivos, Alonso subrayó: “Este año, la OA tiene como meta impulsar el debate parlamentario de la Ley de Responsabilidad Penal de empresas y otras entidades en casos de corrupción”. Además, señaló que “en este camino de fortalecimiento, la OA va hacia su autonomía funcional y su autarquía financiera. Esta meta satisface los más altos estándares internacionales y prevemos alcanzarla entre 2017 y 2018”.