El subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, reveló que en abril de 2017 un 54% de los casos de flagrancia se resolvieron en menos de treinta horas, en tanto que en agosto de ese año la cifra trepó al 68%. En enero de este año el número creció al 69%.

Por su parte, un informe de la Defensoría General de la Nación señaló que en el primer semestre de 2018, el 76% de los fallos definitivos de los jueces se concretó dentro de las primeras treinta horas de cometido el delito.

Dichos fallos fueron obtenidos también con los procedimientos establecidos tras la reforma del Código Procesal Penal con la Ley de Flagrancia.

En ese sentido Benítez consideró que “en los casos donde se aplicó el procedimiento de flagrancia, se obtuvo una significativa reducción en el tiempo de resolución de la causa”.

Esa norma, que entró en vigencia el 1º de diciembre de 2016, introdujo la oralidad en la etapa de investigación preliminar para los casos de delitos descubiertos in fraganti. Eso dotó a los magistrados de una herramienta sencilla y ágil para juzgarlos con mayor celeridad.

Prevé la realización de una audiencia multipropósito dentro de las veinticuatro horas de la aprehensión de la persona (prorrogables por un período igual) y establece plazos acotados para los actos procesales que correspondan.

Freno a la puerta giratoria

La Ley 27.272 que reformó el Código Procesal Penal tuvo por objeto terminar con la disposición de la libertad de forma telefónica de los aprehendidos y brindar una respuesta rápida al conflicto, pero bajo un sistema en el que los imputados y las víctimas puedan, en el marco de una audiencia oral, tener del juez una resolución de manera presencial.

Conocé los informes de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal.