El presidente del ENRE expuso ayer en el Plenario de las Comisiones de Energía y Minería, de Presupuesto y de Derechos Humanos y Garantías del Senado de la Nación, donde se analizó el proyecto de ley que apunta a retrotraer las tarifas de los servicios públicos al 1° de noviembre de 2017 y regular los aumentos en base al índice salarial. El Ing. Andrés Chambouleyron se refirió al impacto negativo que esta modificación provocaría en los usuarios y en la calidad del servicio eléctrico.

Ante de presentar cifras del sector, el director del Ente alertó sobre un proyecto de ley que sólo aplica "a las tarifas vigentes en el AMBA, es decir, al ámbito de EDENOR y EDESUR", únicas distribuidoras de jurisdicción nacional. "Las provincias tienen su propio marco regulatorio; por lo tanto la Nación carece de injerencia en la forma en que las tarifas se calculan allí", precisó.

El Ing. Chambouleyron también advirtió que la aprobación de este proyecto alteraría el marco regulatorio nacional, y por consiguiente dejaría al Estado nacional a merced de eventuales acciones judiciales. Ante el riesgo de "inseguridad o zozobra jurídica", el funcionario recordó: "Hemos transitado más de dos años de recuperación de los procedimientos del cálculo de tarifas justas y razonables como establece la ley".

Tras señalar que el proyecto “sólo beneficia a los usuarios de las categorías R1 y R6 que consumen menos de 1.200 kWh por bimestre o 600 kWh por mes”, el presidente del ENRE explicó que "estas categorías son móviles", por lo tanto "una misma familia que consume 300 kWh por mes en primavera u otoño puede pasar de la categoría R2 a las categorías R7 o R8 cuando duplica su consumo en verano o en invierno". Entonces, si se aprobara el proyecto de ley, esta familia "estaría saltando de un esquema con subsidios a otro sin subsidios".

Tras cuestionar la relación directa que los autores del proyecto establecieron entre mayor consumo y mayor riqueza, el Ing. Chambouleyron citó el ejemplo de las viviendas multifamiliares que comparten un mismo medidor: en estos casos el consumo eléctrico es alto, y sin embargo corresponde a una población con bajo poder adquisitivo. Estos usuarios dejarían de ser beneficiarios de la Tarifa Social si la propuesta en cuestión se convirtiera en ley.

El titular del Ente explicó que el proyecto de ley beneficia a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires en desmedro de aquéllos de las provincias porque sólo reduce las tarifas de EDENOR y EDESUR, que son las más bajas del país, y porque recrea los subsidios cruzados que se eliminaron en enero de 2016 para evitar el perjuicio derivado de este desbalance tarifario. La aprobación de la propuesta legislativa no haría más que ampliar dicha asimetría.

"Si alteramos las tarifas, también alteramos la inversión y la calidad del servicio. Por lo tanto se destruye todo el andamiaje regulatorio, contractual, institucional que estuvimos construyendo en estos dos últimos años”, concluyó.