Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley “Promoción del Empleo Registrado y Prevención de Fraude Laboral”
La Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley que busca combatir la precarización laboral y promover el trabajo registrado. El objetivo es formalizar 650.000 trabajadores en dos años.
La Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley que busca combatir la precarización laboral y promover el trabajo registrado. El objetivo de esta iniciativa es “formalizar a 650.000 trabajadores en dos años”. El anuncio fue realizado en compañía del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el vicepresidente Amado Boudou; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof y la ministra de Industria, Débora Giorgi.
Tras la presentación del proyecto -que en opinión de la jefa de Estado está llamado a atacar lo que constituye el “segundo problema que tienen los trabajadores”, en referencia al empleo no registrado- afirmó: “Esperamos que sea aprobado”.
Seguidamente explicó que 290.000 microempleadores resultarán beneficiados y en principio se destinarán 4.150 millones de pesos en beneficios para los empleadores, y de ese monto “el 65 por ciento estará dirigido a las microempresas para facilitar la registración de trabajadores”. Señaló además que las empresas con menos de 15 empleados recibirán un descuento del 100% en el pago de aportes patronales por cada empleo que generen en el término de un año: “Vamos a redireccionar los subsidios que alientan la creación de empleo registrado en favor de las pequeñas y medianas empresas”. La iniciativa contempla que los descuentos patronales se extiendan por un segundo año con un 75% de descuento.
Por su parte, el ministro Tomada afirmó que “el Gobierno dará la gran pelea contra el fraude laboral para proteger los derechos de todos los trabajadores”, considerando que el éxito de la iniciativa depende de “la participación de todos los sectores vinculados al trabajo y a la producción. Necesitamos que los empresarios cumplan la ley y que los dirigentes sindicales exijan la vigencia de los derechos de sus representados. Además, el Estado debe ejercer un control estricto en la materia”.
El ministro de Trabajo aseguró: “Este proyecto no surgió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de diez años de experiencias, difusión y búsqueda de resultados. La Mesa de Diálogo que abrió la Presidenta con los gremios y con los empresarios hizo que se llegara a este proyecto que estamos enviando al Congreso. Ampliar derechos está en la génesis de la Justicia Social. Esa es una bandera que enarbolamos todos los días”.