En la reunión se remarcó el avance de la Maestría en Abogacía del Estado, que inicia su segundo año de cursada, luego de haber sido aprobada por la CONEAU, destacando también la reciente resolución 2022-42 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de la Dra. Ana Castellani, que aprueba como Carrera de Estado el Programa ABOGAR, especialización en abogacía del Estado que se imparte en la ECAE desde 2021.

En la reunión se aprobó la Especialización en delitos económicos complejos y prevención de lavado de activos, posgrado producto de un convenio tripartito firmado en diciembre pasado entre la PTN, la AFIP y la UIF, para capacitar a abogadas y abogados de los tres organismos en el combate a la criminalidad económica y financiera más sofisticada, generando a través de tal programa herramientas que permitan consolidar la defensa de los intereses públicos.

En su exposición, el Director de la ECAE, Guido Croxatto, resaltó que todos estos programas en rigor ya existían en la Escuela y fueron uno a uno dados de baja, desmantelados, privando a los y las abogadas del Estado argentino de un espacio de formación crítico orientado a la defensa del Estado y del interés público, lo cual estuvo muy lejos de representar un accidente: “Todos estos programas ya existían y fueron desapareciendo uno por uno porque en una política de vaciamiento del Estado, nadie quería abogados preparados para resistir y defender el interés público nacional. Querían un cuerpo no formado, sin capacidad crítica de defensa de los intereses nacionales. Estos programas eran una amenaza concreta para cualquiera que quisiera hipotecar los recursos de la Nación, rifar los intereses del Estado. fugar divisas, evadir al fisco. Hoy vuelven porque la decisión institucional es volver a jerarquizar la abogacía pública y volver a defender los intereses de la Nación. Para eso hacen falta abogados y abogadas bien preparados, que cuenten con las herramientas que realmente necesitan y no tienen”. Croxatto concluyó que “La Escuela no fue cerrada, lo que pasó con ella fue aún peor: fue desmantelada desde adentro, enflaqueciendo y empobreciendo poco a poco los programas que ya existían, como una forma de ir vaciando la Escuela y empobreciendo la formación de los abogados que elegían ir allí a formarse. Así se terminaba tercerizando la formación del servicio jurídico de la Nación en otros espacios no estatales. Esta gestión terminó con esta tercerización implícita, tácita, y contraproducente, recuperando el peso y prestigio de esta Escuela”.