Buenos Aires - En la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Oficina Anticorrupción (OA) brindó información sobre la ley 27.401 de Responsabilidad de Personas Jurídicas y herramientas del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) ante fundaciones vinculadas a las tareas de control del organismo, entre ellas la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), Fundación Regional de Sanidad y Calidad Citrícola del Noreste Argentino (Fundanea) y la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa), certificadoras de productos cítricos frescos destinados a la exportación.

La jornada se realizó en el marco del Convenio de Colaboración entre la OA y el Senasa, que se suscribió en diciembre pasado con el objetivo de fortalecer la sinergia y el intercambio de experiencias y de mejorar las capacidades estatales para la promoción de Políticas de Integridad y Transparencia. La actividad tuvo como ejes la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la implementación del Registro en las empresas del rubro.

El RITE es un insumo básico para mejorar las interacciones del sector privado y del público-privado, mediante la identificación y análisis de los programas de integridad, posibilitando extender nuestros estándares en la cadena de valor de la interacción público-privada.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la presidenta del Senasa, Diana Guillén, quien destacó la importancia del RITE para la transparencia en las tareas que llevan adelante el organismo y los organismos vinculados a nuestro accionar y destacó “que las capacitaciones sobre el tema se extenderán a los representantes de las entidades y a quienes forman parte del sector.” Además explicó que "el Senasa cuenta con la Unidad de Integridad Pública, relacionada con la ética y con la integridad hacia dentro del Organismo a cargo de Roberto Feruglio."

"Si bien el RITE es un instrumento de utilización optativa y de apoyo al cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.401 para todas las empresas y entidades, ya sean éstas públicas o privadas, hemos decidido que el Senasa adopte el registro con carácter obligatorio para las entidades bajo su incumbencia", explicó Guillén.

Vale destacar que, en una primera etapa, a través de la Resolución 708/2022, se incluyó la obligatoriedad de inscripción en el RITE, para las certificadoras que operan en el Sistema de control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos.

En la misma dirección, una nueva Resolución, sometida oportunamente al procedimiento participativo de consulta pública -y que en la actualidad esta en etapa de procedimiento para su firma-, establecerá la obligatoriedad de la inscripción en el RITE, para un conjunto de entidades que operan en distintos ámbitos de control, certificación y asistencia sanitaria, además de establecer una progresión de obligatoriedad de inscripción para distintas personas jurídicas.

"Por esta razón, resulta necesario realizar jornadas para su difusión y sensibilización, con el propósito de acompañar al sector privado en un proceso de mutua responsabilización que fortalece la integridad de todo el complejo agroalimentario", detalló Feruglio.

Por su parte, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA explicó el alcance de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas e indicó que “establece responsabilidad sobre cualquier persona jurídica, empresa grande, mediana, chica, cooperativa o fundación, es decir, aquella que en términos de la ley de Sociedades puede ser penada por participar en un caso de corrupción”.

"La norma establece que la empresa tiene la posibilidad de comprometerse a minimizar los riesgos con un programa de integridad". En ese sentido, agregó que “contar con un programa de integridad incorporado al RITE les permitirá operar con tranquilidad, evitando posibles sanciones y en caso de un hecho de corrupción, el sancionado será la persona física que incurrió en ese delito".

Feruglio manifestó también que “esta decisión conjunta entre el Senasa y las fundaciones que actúan en la certificación de exportación de cítricos, no solamente robustece la articulación público-privada en materia de integridad ante el sector agroalimentario argentino, sino que también contribuye a fortalecer la reputación internacional del sistema productivo relacionado a los cítricos frescos destinados a exportación, puesto que las proyecciones indican que la agenda de integridad será una exigencia para el mantenimiento, de actuales y la apertura de nuevos mercados”.

Primera jornada
Esta primera jornada fue destinada a las fundaciones a las que el Senasa encomienda las acciones de monitoreo y verificación en el proceso de certificación fitosanitaria de la fruta fresca cítrica para exportación.

Se destaca el contundente compromiso de estas fundaciones con la práctica de integridad y la inscripción en el RITE, ya que han aceptado de inmediato la propuesta del Senasa de incluir la obligatoriedad de inscripción como nueva cláusula en los convenios de cooperación que desde hace años firman con el Organismo sanitario.

Por otra parte, la directora nacional de Ética Pública de la OA, Natalia Torres se refirió al concepto de “integridad ampliada” con el cual viene trabajando la OA desde el año 2020. “Estamos trabajando en integridad de manera ampliada, con perspectiva de género, respeto por los derechos humanos, protección de datos personales y del medio ambiente”. Al presentar el funcionamiento del simulador del RITE, recordó que “el Registro de Integridad y Transparencia - iniciativa de la OA y apoyada por el Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- es una plataforma para que las empresas puedan desarrollar programas de integridad y mostrarlos”.

En el cierre de la actividad remarcó que “desde la OA, nuestra obligación es acompañar en el desarrollo de los distintos componentes y alentó a los asistentes a encontrar en la caja de herramientas distintos elementos y videos para continuar interiorizándose en el conocimiento de la integridad de las empresas para sus contrataciones”.

Finalmente, Tomás Rey, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la OA, reforzó los conceptos sobre la ley 27.401. Al respecto, indicó que "la norma tiene dos enfoques; uno punitivo que sanciona el cohecho, el conflicto de intereses, los sobornos y otro que tiene que ver con las negociaciones incompatibles con la función pública, donde se puede quitar personería jurídica, limitación de licencia, concesión o autorización."