Periodista y psicóloga social, Patricia Walsh siempre tuvo una gran vocación política que la llevó en 1999 a ser candidata a presidenta de la Nación, obteniendo el cuarto lugar; y cuando se postuló para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2000, su frente político alcanzó a ocupar dos lugares en la Legislatura porteña. Pero fue la banca que Patricia ganó en la Cámara de Diputados de la Nación en 2001 la que le permitió hacer su aporte para cambiar la historia del país, poniendo en jaque a la impunidad.

“Me invita Néstor Kirchner a un acto por el aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, como hija de Rodolfo (quien escribió el libro 'Operación Masacre' referido al hecho), y decido ir como tal, porque así me había invitado, y no como diputada nacional”.

Patricia ya le había mencionado a Eduardo Luis Duhalde -quien en ese entonces era el Secretario de Derechos Humanos de la Nación- que quería ir a ese acto en Casa Rosada para presentarle el proyecto de ley de Nulidad al presidente. Duhalde en un principio le dijo que no le parecía, pero ante su insistencia él acepta y, al finalizar el acto de homenaje a los fusilados, cuando el Presidente de la Nación se está retirando del salón, el Secretario la llama y le presenta a Kirchner, quien recibe el proyecto en la mano.

“Ahí mismo le digo que para voltear la impunidad sólo hay que tener la voluntad y el número de bancas. No llegué a mencionar la lucha sin la cual nunca nada es posible. Néstor se sonrió y me dio la mano. Fue la primera y única vez que lo vi en persona. Cuando me estoy yendo, Eduardo Luis Duhalde me llama y me dice, sonriendo, que Néstor le pidió que estudiara ese proyecto” recuerda Patricia.

A partir de ahí pidieron una sesión especial para el 12 de agosto de 2003, coincidiendo con el Día de la Reconquista y pensando que, si bien tenían una cantidad considerable de firmas, se trataría de una sesión testimonial. “Me enteré luego que Néstor Kirchner resolvió algo inesperado: ordenó al bloque justicialista asistir a la sesión especial, dar quorum y aprobar el proyecto, primero en Diputados y luego en el Senado. No acordaron anular los decretos de indulto a los genocidas de Carlos Menem, pero sí admitieron anular el Punto Final y la Obediencia Debida de Raúl Alfonsín. Con eso pudimos reabrir los juicios e iniciar nuevos."

El proyecto se convirtió en ley en el Senado el 21 de agosto de 2003 y la norma fue promulgada por Néstor Kirchner doce días después, el 2 de septiembre de 2003.

Dos años después, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y constitucional su nulidad, lo que permitió convalidar la reapertura y el inicio de nuevos juicios a cientos de represores, civiles y militares cuyos enjuiciamientos iniciados en 1985 se habían interrumpido con dichos instrumentos de creación de impunidad.

Desde aquella nulidad parlamentaria, y su validación por la Suprema Corte, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) son juzgados por la justicia federal. Hasta el momento se han llevado a cabo 324 juicios con sentencia, 14 juicios orales se encuentran abiertos y se condenó a 1181 represores.

Las leyes de impunidad habían sido impulsadas y entraron en vigencia en un contexto de gran conmoción económica y social (1986-1987), agravado por los distintos focos de levantamientos de militares que
amenazaban con poner fin al gobierno democrático de Raúl Alfonsín, como el levantamiento carapintada de abril de 1987. ¿Qué implicaban esas leyes?

La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986, y estableció la paralización de los procesos judiciales iniciados en 1985 contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura militar.

La Ley de Obediencia Debida (23.521) fue dictada el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas y consideraba que no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida, un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.

Las víctimas del terrorismo de estado debieron aguardar casi dos décadas la reapertura de los juicios que les permitieran llevar al estrado a los torturadores, violadores y asesinos que formaron parte de los grupos de tareas.

El recorrido de Patricia Walsh en el INTI
Ingresó en 1975 a trabajar en la Oficina de Prensa del instituto. Si bien tenía su sede laboral en el antiguo edificio del INTI ubicado en la calle Libertad (esquina Arenales) de la Ciudad de Buenos Aires, a menudo asistía a la sede del Parque Tecnológico Miguelete (PTM) en la localidad de San Martín para recorrer laboratorios, entrevistar a los equipos técnicos y redactar los boletines de prensa que su oficina tenía a cargo.

En 1976 se encontraba de licencia sin goce de sueldo y, tras el golpe, cuando se presentó en el Instituto para reincorporarse por haber finalizado su licencia, se enteró que había sido despedida. “Recuerdo que primero fui a saludar a mis compañeros de oficina, que con cara de asombro y de pánico me preguntaron qué hacía yo ahí, y me contaron que estaba despedida”.** Patricia fue una de las aproximadamente 150 personas que fueron despedidas del INTI a pocos días del golpe de 1976.** El telegrama había llegado a su anterior domicilio durante su licencia y por eso no se había enterado. El motivo de su baja decía "prescindibilidad por razones de servicio".

"En realidad tuve alguna suerte, porque a otras compañeras y compañeros los habían despedido con la leyenda de 'actitud disociadora con factor potencial de perturbación’ y eso significaba, además de que te quedaras sin trabajo, que en plena dictadura te habían marcado como alguien 'peligroso' mientras estaban cometiendo un genocidio" remarca Patricia.

“Luego de confirmar mi despido en la Oficina de Personal quedé muy consternada… fue un día inolvidable para mí, porque además cuando me voy retirando, me alcanza un compañero que se sube conmigo al ascensor, y me dice que se enteró que días atrás habían allanado la casa de mi papá en el Tigre. Salgo de ahí con esta persona, que me acompaña, y me resulta imborrable el recuerdo de cómo se percibía el miedo”.

Inmediatamente después, ella le avisa a su padre, Rodolfo Walsh, del allanamiento, que es el que luego él menciona al inicio de la famosa Carta Abierta a la Junta Militar.

Después de ese día, pasaron décadas hasta su vuelta al INTI. Recién logró hacerlo cuando las y los trabajadores que habían sido despedidos por el gobierno de facto pudieron ser reincorporados.

Walsh volvió a trabajar en la Oficina de Prensa, ahora ubicada en el PTM. Luego se desempeñó en la entonces Secretaría de Industria y Comercio Exterior, como adscripta, hasta su retiro voluntario a mediados de los 90.

Tras su retiro, integró la agrupación H.I.J.O.S (conformada en 1995 por hijas e hijos de víctimas del terrorismo de Estado) y desarrolló su prolífica carrera política. Actualmente, ya jubilada, continúa encabezando una de las querellas en la mega causa judicial ESMA por todas las víctimas de ese Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, entre las que se encontrara también su padre, y aguarda el inicio del juicio por la muerte de su hermana María Victoria Walsh, junto con otros cuatro jóvenes, en 1976, en lo que se conoció como la Masacre de la calle Corro.

2023 | 40 AÑOS DE DEMOCRACIA