Resumen:

DISPONESE QUE LAS JURISDICCIONES Y ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL QUE TENGAN A SU CARGO LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES, CUANDO RESULTE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, DEBERAN REQUERIR A LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL O AL REGISTRO PUBLICO PROVINCIAL U ORGANISMO LOCAL COMPETENTE, SEGUN CORRESPONDA, LA INFORMACION SOBRE LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD CONSTITUIDAS COMO ASOCIACIONES CIVILES, FUNDACIONES, ASOCIACIONES MUTUALES O COOPERATIVAS.