El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informa que se intervino judicialmente a la Cooperativa de Trabajo Lo de Néstor Ltda. El Poder Judicial de la Nación, a través del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 22, Secretaría Nº 43, dispuso la intervención judicial plena de la Cooperativa ubicada en Bolívar 548, con desplazamiento de su Consejo de Administración y la Sindicatura.

Esa medida se funda en que pese a que la cooperativa cuenta con retiro de la autorización para funcionar dispuesta por el organismo, continúa realizando operaciones comerciales sin contar con la debida autorización y sin proceder a los actos tendientes a su disolución y liquidación.

La cooperativa fue objeto de diversos requerimientos a partir del mes de marzo de 2024, la falta de cumplimiento derivó en un sumario con suspensión de su operatoria, en el mes de septiembre de 2024, en el que tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, persistió en los incumplimientos, proceso que culminó en el mes febrero de 2025 con la sanción de retiro de la autorización para funcionar y el rechazo posterior de los recursos deducidos contra la citada medida, habiéndose agotado la vía administrativa. Pese a ello, la cooperativa hizo caso omiso a todas las medidas adoptadas por la autoridad de aplicación.

Cabe destacar que la obstrucción al ejercicio de la potestad de la fiscalización que se trasluce en la falta de respuesta frente a las intimaciones efectuadas, conducta omisiva y contumaz que se mantuvo durante todo el proceso sumarial y dio como resultado la sanción impuesta.

La resolución del INAES sostiene que la deliberada desobediencia y falta de apego al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la cooperativa, generan una seria obstaculización al control público y pone en evidencia el impedimento reiterado al ejercicio de la fiscalización pública.

Esta entidad recibió fondos del Estado durante el período 2020 a 2023, y la obstrucción a la potestad de fiscalizar del INAES imposibilitó analizar en forma íntegra que el destino de los mismos haya sido realizado respetando la ley de cooperativas y las normas de ese organismo. No obstante lo cual, la escasa documentación aportada, confirma que la entidad no dio cumplimiento a la normativa que obliga a pagar la retribución a los asociados en forma bancarizada, por ser una entidad que recibió fondos del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución Nº 3107/18 INAES.

Además de ello el último balance presentado es el correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022, sin dar cuenta a los asociados, ni al INAES, de los ejercicios sociales cerrados al 31/12/2023 y al 31/12/2024.