Suspensión preventiva de la Cooperativa La Azurduy y apertura de sumario por irregularidades
La fiscalización de la cooperativa revela una estructura montada para el desvío de fondos públicos y la elusión de controles.
El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dispuso como medida preventiva la suspensión de la operatoria y apertura de sumario a la Cooperativa de Trabajo La Azurduy Ltda.
La investigación revela una desnaturalización de la figura cooperativa (Art. 2º, Ley N° 20.337), al constatarse que la entidad es utilizada para el beneficio de una serie de personas, algunas de las cuales ni siquiera son asociados, y organizaciones externas. Tales prácticas se apartan de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, vulnerando los derechos de los trabajadores y desvirtuando la naturaleza del trabajo asociado.
Las autoridades tampoco han brindado la documentación respaldatoria de los pagos realizados por la adquisición de un terreno, lo que implica una obstrucción a la fiscalización, y cuya operación se encuentra fuera de su objeto social.
Resumen de Irregularidades Detectadas:
La fiscalización de la cooperativa revela una estructura montada para el desvío de fondos públicos y la elusión de controles, destacándose los siguientes incumplimientos y faltas:
1. Conflictos de interés y vínculos familiares: Se detectó que funcionarios del FISU comparten domicilios fiscales con directivos de la cooperativa y sus familiares. Esta red de parentesco se repite en otras entidades vinculadas.
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Conexión con organizaciones políticas: La cooperativa funciona bajo el control operativo de movimientos sociales y gremiales (MTE/UTEP). Comparten sedes físicas, autoridades y correos electrónicos, lo que demuestra que la cooperativa no es autónoma, sino que responde a dichas organizaciones.
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Facturación: Integrantes de la comisión directiva facturan servicios a la propia cooperativa a través de otras entidades que ellos mismos presiden.
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Proveedores fantasma y tercerización irregular: Personas ajenas a la cooperativa facturan materiales y fletes a través de sociedades que no poseen locales comerciales, depósitos ni vehículos registrados.
Los principales señalados en la investigación incluyen a Ramona Fernanda Miño, ex presidenta del Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), su cónyuge, Juan Carlos Molina y un grupo de cinco asociados de la cooperativa (de apellido Molina) que poseen el mismo domicilio. Asimismo, se identificó al ex-Presidente y actual síndico Sergio Oseira y el tesorero José Antonio Ruíz Díaz, ambos vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). También está implicada la ex secretaria Sandra Maestre. Por otro lado se destaca la figura de Pablo Nicolás Ávalos (ajeno a la cooperativa y Secretario Administrativo del Bloque Ciudadanos Unidos/UCR de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quien junto a sus socios y familiares (Gabriela Vela y Lorena Ávalos), controlaba dos sociedades que le facturaban materiales a la cooperativa.
Finalmente, se encuentran bajo sumario y suspensión preventiva las autoridades de las cooperativas proveedoras Athenea Construcciones y San José Obrero de Zelaya por obstrucción a la fiscalización y desvirtuación de la figura societaria. Complementariamente, otro proveedor de La Azurduy, Maiza del Pilar SRL, se encuentra incluido en la base de emisores de facturas apócrifas.