Las evaluaciones fueron aprobadas el 2 de noviembre pasado por el Comité para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que integra la CNV junto a otros organismos nacionales. El citado comité está presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El primer objetivo general de la estrategia nacional de la regulación prevé una difusión masiva en los sectores público y privado, con lo cual este organismo dio inicio a la comunicación entre los actores del mercado de capitales.
Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten contar con un diagnóstico preciso de los riesgos de LA/FT/FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Argentina inició en 2020 este ejercicio con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, dos años más tarde, se aprobó la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (Decreto 653) y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva mediante (Decreto 652).
Las evaluaciones nacionales de riesgos mencionadas fueron utilizadas como base para el diseño de la Estrategia Nacional LA/FT/FP, aprobada el 29 de septiembre pasado y que contiene un Plan de Acción para el período 2022-2024.

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