En el día de hoy se realizó una jornada participativa para debatir el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública . El encuentro virtual fue organizado por la Oficina Anticorrupción (OA) en conjunto con el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

La OA impulsa la actualización y reforma de la ley 25.188, acompañada de encuentros e instancias de intercambio con una mirada plural y federal, en el marco de un proceso de elaboración participada de la propuesta. El proyecto puesto a discusión contempla a los tres poderes del Estado y a las vinculaciones entre el ámbito público y el privado.

Los principales ejes del proyecto, son: Integridad pública y derechos humanos, hacia un enfoque más amplio; Políticas integrales para enfrentar la corrupción (declaraciones juradas, conflictos de intereses, puerta giratoria y captura de la decisión estatal); y Pautas para la construcción de un Sistema Nacional de Integridad.

El objetivo de los encuentros es promover un espacio de participación ciudadana en el proceso de elaboración de la norma, con el fin de recopilar comentarios y sugerencias que podrán ser incorporadas en la versión final del proyecto que se presente al Honorable Congreso de la Nación.

En la reunión virtual participaron intendentes de localidades de la provincia de Córdoba, integrantes del Instituto Federal de Gobierno de la UCC y alumnos.

Al inicio del encuentro, Félix Crous, titular de la OA, señaló que “la concepción de la gestión de la Oficina es que los municipios son jugadores centrales para ejercer un federalismo sustantivo”. Luego, se refirió a la elaboración participativa señalando que “nos permite de un modo amigable invitar a toda la comunidad para que los anteproyectos de ley estén más integrados con la comunidad y mejorar la chance de que se transformen en norma al momento de ingresar al Congreso”.

Sobre el contenido del proyecto, Crous dijo que “la integridad, la transparencia y la acción anticorrupción gira alrededor de la idea de evitar las políticas reactivas, de ir detrás del caso de corrupción que hay que investigar y castigar. No porque eso no deba realizarse, sino por varias razones. Una de ellas es que fracasamos antes en la posibilidad de prevenir esos hechos de corrupción. Se supone que una política eficaz virtuosa debería tender a que esos hechos no sucedan. Y si suceden, sucedan menos y con menos gravedad”. Destacó que el proyecto va en el mismo sentido que lo señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o, por ejemplo, lo aprobado en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, el titular de la OA avanzó con el anteproyecto. “Hay un fuerte movimiento a nivel internacional acerca de la incorporación de la perspectiva de género y los derechos humanos alrededor de todos los negocios que encara el Estado y también en la actividad privada. Se establecieron reglas sobre el control de derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor.”, dijo.
Más adelante, se refirió a las declaraciones juradas. Comentó que el sistema actual “público y privado no permite la correcta auditoría social del patrimonio de los funcionarios”. Y agregó que “debe haber una actitud de transparencia activa, que se esfuercen por mostrar. Donde más sucede es en el Poder Ejecutivo. Debemos tener un sistema de publicidad total; un modelo de declaraciones juradas único y visible”.

Crous remarcó la necesidad de que todos los poderes del Estado tengan su propia agencia de integridad. “Esto es central. El proyecto le da la capacidad de estructurar la morfología a cada uno de los poderes para que ejerzan hacia adentro las capacidades y potestades de ese poder, pero que no se sustrae a la obediencia de la ley”. Sobre este punto, subrayó que “el Poder Judicial asumió una política de opacidad activa”.

A continuación expusieron Rubén Dagum, intendente de Almafuerte; y Roberto Pacheco, intendente de Corral de Bustos. Ambas localidades de la provincia de Córdoba. Las autoridades locales relataron los puntos salientes de su gestión en cuanto a transparencia y participación ciudadana.

Más adelante, la especialista en integridad y ética pública, Paola Ninci, celebró el intercambio y destacó que “el anteproyecto de ley es una deuda pendiente en base a los compromisos internacionales en el marco de la OCDE”. Agregó que “es relevante incorporar el enfoque de género y derechos humanos”. Señaló además la necesidad de tener “un enfoque basado en riesgos, que cuesta introducirlo en el sector público” y que “los códigos de ética pueden ser parte de un plan que responda a una estrategia nacional”. Finalmente, pidió incorporar a “sectores relevantes como los sindicatos”.

A su turno, Griselda Ibaña, directora ejecutiva del ICC, dijo que “es significativo que la ley se proponga un sistema nacional de ética pública, que haya una autoridad de aplicación que trabaje con una red de enlaces y áreas de integridad”. Sostuvo además que “la ley de Ética Pública no puede dejar puntos de interpretación libre”.

En relación a los temas surgidos en el debate, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, puntualizó que “tiene mucho más sentido que esas sociedades (los sindicatos) tengan un ordenamiento distinto a los funcionarios públicos” y que se buscó un enfoque en el sector privado porque “la ley busca la incorporación con quien más relación tiene el Estado, que es donde se mueven riesgos”.

Sobre la necesidad de tener una estrategia, Villanueva se explayó sobre la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) desarrollada por la OA el año pasado.

En este sentido, Natalia Torres, directora nacional de Ética Pública profundizó sobre el alcance de la ENI. “Es de construcción en conjunto con los organismos, con algo que ya existe que son las áreas y los enlaces de integridad. No hay recetas universales, se trabaja con cada organismo para identificar cuales son las mejores herramientas y hay una evaluación de riesgos”.

“La idea es que otros organismos se puedan sumar a la ENI. Este mecanismo de seguimiento va a estar disponible a través del Mapa de Acción Estatal.”, finalizó.

El encuentro contó además con la participación activa de alumnos de la UCC. El plazo para la presentación de aportes al anteproyecto es hasta el 12 de marzo.