En el marco de elaboración participativa del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que impulsó la Oficina Anticorrupción (OA) para la reforma de la ley 25.188, el miércoles 24 de noviembre se realizó una jornada de intercambio de ideas. El proyecto puesto a discusión contempla a los tres poderes del Estado y a las vinculaciones entre el ámbito público y el privado.

En la apertura del evento, Félix Crous, titular de la OA, realizó una descripción del proyecto de ley donde explicó que “decidimos trabajar sobre la elaboración de una nueva Ley de Integridad porque siempre caemos en los mismos riesgos de la gestión que es estar determinado por la urgencia, y las cuestione legislativas requieren una maduración específica y nunca están en la agenda de la urgencia, nosotros nos auto impusimos poner en el tope de nuestra agenda de interés el tema de la norma”. En este sentido, agregó: “queremos reinstalar este tema porque nos parece que el derrotero que tuvieron los anteriores proyectos de ley tuvieron que ver con que tal vez no se incorporaron más actores. Hay un horizonte demasiado acotado de especialistas y restringido campo de actores estatales y la materia involucra a muchos más actores sociales, esta es la filosofía que inspiró la decisión y este tipo de actividades. Creemos que debemos volver a algunas ideas en la que se basa la Ley de Ética pública vigente, la que pretendemos actualizar, y es que es una ley que rige toda la administración pública”.

“En cuanto a otros temas que prevé la ley, nosotros lamentamos que la ley no tuviera un sistema sancionatorio más vigoroso, aún con todas las acciones de prevención que prevé, no requerían reacción para el infractor. No tiene demasiado sentido que nosotros tengamos una buena ley y que quien la incumple no reciba algún tipo de reacción. No soy un fetichista del delito penal. Aunque algunos lo han reclamado, no llevamos en este anteproyecto ningún capítulo de normas penales, no hemos ido por ese lado pero si hemos consolidado más las consecuencias derivadas del cumplimiento de la ley”, resaltó Crous.
El titular de la OA también hizo hincapié en la incorporación al anteproyecto de ley de la definición de los distintos modos de los conflictos de intereses y de recursos antinepotismo. “Instalamos algunas filosofías fuertes que tenemos que tienen que ver con entender la corrupción como un fenómeno relacional, de la dinámica entre lo público y lo privado. Creemos que es sistémico, históricamente situado, sucede de un modo específico de acuerdo a las realidades particulares, no es un fenómeno contingente”. Por último, Félix Crous dijo: “tenemos un camino pero el tiempo pasa rápido en los plazos que nos impone el propio decreto y pretendemos cumplirlo estrictamente, pretendemos además tener una materia sobre la cual trabajar para que no sea una mera recopilación de información”.

Más adelante, Florencia Grigera se refirió a la elaboración participativa del proyecto a la que consideró como el lugar “donde se juega la transparencia, integridad, la cuestión de cómo podemos hacer que las normas efectivamente tengan realidad y concreción. Cómo hacemos para que estas políticas de integridad y transparencia se queden en los organismos, las hagan suyas, empiecen a trabajarla como una herramienta más dentro de la función administrativa”.

Por su parte, Vanesa del Boca se refirió a la escuela de integridad que prevé el proyecto como importante “no solamente para los funcionarios para los que aplica la norma sino también para los que les es aplicable, mismo para la ciudadanía y los proveedores del Estado”. La capacitación es muy importante”. También expuso sobre el concepto de funcionarios públicos donde, a su criterio, debería “incluirse a los empleados”. A su vez, sugirió rever el anexo reservado de las Declaraciones Juradas patrimoniales “para no tener problemas con difundir cierta información que hacen a la seguridad personal de la familia de funcionario”.

Seguidamente, Elda Beatriz Sánchez Rapela expresó: “realmente me pareció que se ve en estos proyectos de ley un claro ejemplo de la búsqueda de cambio entre el Estado formal y legal del derecho a ese Estado constitucional y social de derecho que todavía necesita de muchos cambios”. El proyecto, remarcó Sánchez Rapela, “es una política a largo plazo porque no se busca el interés de hoy” y la elaboración participada “nos da la posibilidad a todos de intervenir cuando estamos acostumbrados a que las leyes bajen de arriba”.

Por su parte, Miriam Ivanega dijo: “me parece que es importante revisar las normas que tenemos en materia de ética pública, hay que actualizarse”. En su exposición, Ivanega realizó algunas sugerencias “desde una perspectiva de aquella persona al cual se le aplica la ley sin perjuicio de que uno pueda a su vez aplicarla, en este sentido es importantísimo que una ley de ética pública cumpla con la consigna de ser clara y precisa”. En ese sentido, habló sobre el ámbito de aplicación, sobre el sector público nacional para “reformularlos y no dejar a nadie afuera, hay que ver de qué forma entendemos administración central y descentralizada”.

Por último, Gabriela Stortoni recomendó analizar y poner en la mesa, es el valor de lo público”. Asimismo se refirió al período de carencia de quienes salen de la función pública y resaltó que el proyecto “alcance a los tres poderes”. Stortoni sugirió “jerarquizar a los oficiales de cumplimiento y que tenga una validación en el ámbito del organismos público de la OA o el organismos al cual estemos encomendándole las competencias”.

Estuvieron presentes en el evento: Luis Villanueva, subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) de la OA; Natalia Torres Directora Nacional de Etica Pública y la moderación estuvo a cargo de Alejandro Dulitzky, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cabe recordar que la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia lleva adelante el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública mediante el proceso de Elaboración Participada de Normas. Para mayor información ingresá aquí