La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - que posee en Argentina rango constitucional- reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, capaces de tomar sus propias decisiones, con apoyos (si es necesario), y con derecho a participar en los asuntos que las afecten.

El Estado debe generar las condiciones para la inclusión, garantizando derechos a través de sus políticas públicas.

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