Representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Articulación con los demás poderes del Estado de aquellas acciones necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de justicia vinculado a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.

Protección de los derechos de distintos colectivos. En particular, se enfoca en el impulso de políticas de salud mental respetuosas de los derechos humanos.

Asistencia a víctimas de delitos de lesa humanidad, violencia institucional y situaciones de tragedia o catástrofe.

Reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.