El 5 de mayo del 2000 se promulgó la Ley N° 25.246 que creó la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo central de analizar, darle tratamiento y transmitir información para prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) en el territorio de la República Argentina.

Atento al contexto socio-económico por el cual atravesaba el país en aquel entonces, la UIF comenzó a operar formalmente a fines del año 2002 cuando pudo dotarse de presupuesto y recursos mínimos para poder cumplir con las funciones asignadas.
Desde la promulgación de la Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para pasar luego a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (actualmente Ministerio de Economía).

La UIF, en su estructura, está conformada por una Presidencia, una Vicepresidencia y su Consejo Asesor, compuesto por siete vocales que representan distintos Organismos Públicos (Banco Central de la República Argentina; Administración Federal de Ingresos Públicos; Comisión Nacional de Valores; Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Economía y Ministerio del Interior).

En el año 2002 el Organismo actuó como evaluador de la República Oriental del Uruguay en el proceso de evaluación que GAFISUD (actualmente denominado GAFILAT) llevó adelante en dicho país.

Durante el año 2003 UIF Argentina se incorporó al Plenario de Sídney (Australia) como miembro pleno del Grupo Egmont y al Subgrupo de Trabajo de Asuntos Financieros del MERCOSUR. En ese mismo año participó de reuniones en la Triple Frontera para articular esfuerzos con los países limítrofes en la prevención de delitos vinculados al LA/FT. Asimismo, intervino en las evaluaciones llevadas a cabo por GAFILAT a Chile, años 2002/2003 y a Colombia, año 2004, siendo este el primer informe de evaluación realizado a nivel regional a partir de la Metodología de Evaluación ALA/CFT.

A lo largo de los años, la UIF continuó profundizando la relación con sus pares regionales y otros organismos análogos del mundo (COAF, Brasil; SEPBLAC, España; CNBS, Honduras; IVE, Guatemala; UNIF, Venezuela; CTIF-CFI, Bélgica; AUSTRAC, Australia; UAF Chile; SEPRELAD, Paraguay; FINTRAC, Canadá; UIF Portugal), mediante convenios de cooperación.

Para el año 2005 Argentina recibió el segundo informe de evaluación mutua del GAFI/GAFISUD con recomendaciones para: fortalecer la política de prevención de LA/FT, tipificar el financiamiento del terrorismo como delito, no establecer un umbral mínimo para la obligación de formular los reportes de operación sospechosas (ROS) y mejorar la eficacia del proceso de verificación del cumplimiento de las normas de prevención LA/FT en el sector financiero, entre otras.

Durante los años 2005 y 2007 la UIF Argentina lideró el Grupo de Trabajo de UIFs de GAFISUD y el proyecto de Tipologías conjunto de GAFI y GAFILAT sobre “Técnicas Complejas de Lavado de Dinero. Una Perspectiva Regional”, que fue aprobado y publicado por ambos organismos.

A finales del 2009 nuestro país fue evaluado por el GAFI y el GAFILAT. El informe manifestó la existencia de deficiencias estratégicas en el sistema local, por lo cual fue sometido a un seguimiento intensivo por parte de dichos organismos.

En el 2011, debido a la implementación de un Plan de Acción por parte de la UIF, la Argentina fue excluida de la lista gris del GAFI, ya que se cumplía con las Recomendaciones más importantes sugeridas por el organismo internacional. Durante este año la UIF adoptó el Enfoque Basado en Riesgo, creó una Matriz de Riesgo para establecer los niveles de prioridades en las operaciones reportadas y constituyó nuevas categorías de Sujetos Obligados con los cuales empezó a trabajar para optimizar el sistema de prevención de LA/FT y delitos económicos complejos (DEC). De esta manera, el Organismo logró incrementar sus colaboraciones judiciales, su participación como querellante y activó la emisión de Resoluciones para adecuar las medidas y procedimientos de Sujetos Obligados.

El Organismo fue elegido en enero de 2015 como representante regional de las UIFs hispanoparlantes por las 145 entidades financieras del mundo que conforman el Grupo Egmont. Al año siguiente ejerció la Vicepresidencia del GAFILAT y en 2017, la Presidencia de dicho organismo internacional y en paralelo, la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo del Grupo Egmont, la co-presidencia (junto a la UIF de Canadá) del Grupo Regional de las Américas de Grupo Egmont y la Presidencia del Foro de Jefes de UIF del GAFI.
El proceso de federalización de la UIF mediante la apertura de agencias regionales y acuerdos con los gobiernos provinciales, tuvo lugar los años 2016 y 2017. La Agencia Regional Norte, encargada de las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, fue la primera en crearse como respuesta a la necesidad de control de actividades de lavado de activos, considerando las extensas fronteras secas, fluviales y lacustres con las Repúblicas de Bolivia, Chile y Paraguay, enclaves de intenso intercambio comercial y de personas, aprovechados por organizaciones delictivas a escala nacional e internacional.

Al año siguiente, se conformó la Agencia Regional Litoral que abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. La misma centró su labor en abrir canales de cooperación con los Sujetos Obligados de la zona, a través de capacitaciones y convenios de intercambio de información.

En el 2018 la UIF fue sede de la reunión de Jefes de UIF y Grupos de Trabajo del Grupo Egmont. La misma contó con la participación de más de 140 UIFs de todo el mundo y convocó a todos a la “La Contribución de las UIFs a la Lucha contra la Corrupción”.

Desde enero del 2020, la Unidad de Información Financiera redefinió la política criminal-administrativa del Organismo con eje en el contralor del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y los Delitos Económico-Financieros Complejos (DEC), declinándose el uso del sistema punitivo como instrumento de persecución político-social.
Uno de los ejes centrales del Organismo está puesto en el Corredor Litoral fluvial, aéreo, marítimo y terrestre de nuestro país. El cual ha sido utilizado, a lo largo de su historia, para llevar a cabo maniobras de contrabando de armas y de granos, evasión tributaria, trata de personas y narcotráfico.

En tal sentido, se han llevado adelante acciones que permitieran cumplir con los compromisos internacionales de la Argentina, dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT) y el Grupo Egmont).

También se retomó la agenda de trabajo dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) en dónde la UIF presentó sus propuestas al respecto del Canal Magdalena y el Corredor Litoral. En tal sentido, el Organismo retomó el impulso procesal en causas que investigan el lavado de activos en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura económico-militar, los cuales habían sido relegados por la gestión anterior.

Asimismo, se puso en marcha el Plan Estratégico que tiene por objeto promover una adecuada formación profesional y el fortalecimiento institucional del Organismo, a partir del cual se proyectaron y celebraron convenios de colaboración con distintas unidades académicas, organismos públicos y entidades privadas a fin de generar herramientas necesarias para la prevención y el control LA/FT/DEC.

En este sentido, durante el 2020 se han suscripto los siguientes acuerdos:

• Convenio Marco de Colaboración Académica con la Universidad Nacional Arturo Jauretche
• Convenio Marco de Cooperación con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
• Convenio Marco de Colaboración Académica con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
• Convenio Marco de Cooperación con Fabricaciones Militares
• Convenio Marco de Cooperación con el Comité Ejecutivo contra la Trata, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
• El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos aprobó el proyecto de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, conforme el diseño curricular proyectado por la UIF.

También se proyectaron convenios con las siguientes instituciones:

• Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora
• Universidad Nacional de San Martín
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la provincia de Misiones
• Convenio específico sobre Diplomatura en prevención de lavado de activos con la Universidad Nacional de Entre Ríos
• Ministerio de Seguridad de la Nación