La situación global de pandemia –junto a las medidas de orden público nacional, regional e internacional– ha evidenciado las desigualdades que estructuran nuestras sociedades contemporáneas. Situación que, producto del racismo estructural y otros sistemas de inequidad, se traduce tanto en la vulneración de los derechos fundamentales de determinados grupos sociales, como en la circulación y reproducción de expresiones negacionistas y discriminatorias.

Desde el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha concentrado sus esfuerzos tanto en el fomento de discursos y prácticas democráticas, inclusivas, respetuosas y no discriminatorias, como en la promoción de los derechos humanos de los grupos históricamente vulnerabilizados, acompañando y asistiendo a las víctimas de actos discriminatorios, racistas o xenófobos. En este sentido es que llamamos la atención sobre los discursos de odio que se emiten y difunden, ya que este tipo de mensajes no hace más que naturalizar los prejuicios y estereotipos que justifican las vulneraciones y las violencias.

La circulación y reproducción de expresiones negacionistas, xenófobas y racistas no ha aminorado en estos tiempos. En algunos casos, incluso la reflexión sobre el fenómeno de la pandemia ha sido utilizada como excusa para la revitalización de ideas racistas, como se explicitó en la ceremonia religiosa llevada adelante por el párroco de la Iglesia Catedral de Paraná que, en el marco de la celebración del 207.° aniversario de esa ciudad, suplicó la erradicación del coronavirus, a la vez que “recordó” que la Virgen del Rosario “así como alejo a los pueblos indígenas del territorio” podría realizar el “milagro” de alejar al virus.

La expresión racista y colonialista emitida por el vicario de Paraná no solo desconoce las deudas históricas que el propio Estado posee con los pueblos indígenas, sino que reivindica las prácticas violentas y genocidas sostenidas por las distintas instituciones que intervinieron en el proceso de colonización, conquista y evangelización de nuestro territorio y sus pueblos. Las consecuencias de la demonización de las personas, prácticas y culturas indígenas no son solo simbólicas, también se expresan a través de la violencia institucional ejercida –por ejemplo– por las fuerzas de seguridad, como la sucedida en Chaco contra la familia Qom, y como sucede en la discriminación cotidiana.

Cabe recordar que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales; entre otros instrumentos sobre la prevención de la discriminación y el racismo, son parte del marco del Estado de derecho que fuimos construyendo en los últimos treinta y siete años de democracia. Estas herramientas han permitido avanzar en la ampliación de derechos para toda la población y tienen como objetivo reducir la arbitrariedad de las violencias estructurales emitidas desde los centros de poder hegemónico, que continúan negando el principio de igualdad entre las personas.

Asimismo, es fundamental subrayar que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas e implica el deber cívico de garantizar el respeto genuino a las identidades indígenas. Este reconocimiento significa la afirmación y el respeto a la presencia de los pueblos en el territorio antes del desarrollo de los Estados nación del continente.

Celebrar las violencias y persecuciones contra los pueblos indígenas implica un grave retroceso en materia de lucha contra la discriminación. En este sentido, resulta sumamente preocupante que sectores de la sociedad civil continúen optando por reivindicar los procesos más dolorosos de nuestra historia, profundizando los discursos de odio y atentando contra los derechos humanos de los pueblos y las culturas. Negar la contribución de los pueblos en la conformación de nuestra identidad es también negar la diversidad cultural existente en nuestro territorio, así como la presencia de diferencias étnicas, religiosas y lingüísticas que conviven y se desarrollan en nuestras sociedades.

Actualmente la población indígena está representada por 32 pueblos, y se considera que más de un 50 % de nuestra población total es descendiente de indígenas, pero aún falta mucho para lograr su reconocimiento y pertenencia. Estas expresiones no hacen más que operar como barreras para la visibilización, fortalecimiento y construcción de la propia historia y de una memoria colectiva.

Como organismo garante de los derechos humanos y de la no discriminación, el INADI reitera los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional, e insiste en su respeto y cumplimiento. El racismo estructural afecta a la democracia y a todos los valores que constituyen la dignidad de cada una de las personas que habitan el suelo argentino.