La Inspección General de Justicia ("IGJ"), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene la función de fiscalizar a las sociedades por acciones ‑excepto las sometidas al control de la CNV‑ a las sociedades de responsabilidad limitada comprendidas en el inciso 2°) del artículo 299, de la Ley General de Sociedades, a las sociedades extranjeras que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, a las sociedades que realicen operaciones de capitalización y ahorro, y a las asociaciones civiles y fundaciones, en la medida que fijen su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ejercicio de sus funciones registrales, la IGJ inscribe en el Registro Público a su cargo actos jurídicos de sociedades accionarias y no accionarias, de sociedades constituidas en el extranjero, de asociaciones civiles y de fundaciones.

Asimismo, la IGJ es la encargada de la inscripción de los contratos de fideicomiso cuyo objeto incluya acciones y/o cuotas de capital de sociedades inscriptas en el Registro Público a su cargo ‑con excepción de los que se encuentren bajo el control de la CNV‑ de los contratos de transferencia de establecimientos, de los contratos asociativos, de las matrículas individuales y de ejercer el control federal de las sociedades de ahorro.

Las funciones que ejerce la IGJ son indelegables y se complementan con las realizadas en otras jurisdicciones por los organismos registrales de las distintas provincias.

Por la importancia de las funciones registrales y de control a su cargo, la IGJ tiene un rol trascendente en la vida económica y social del país, tanto en lo que hace al desarrollo de los negocios como al del bien común.

En este marco, la IGJ hoy trabaja activamente por ser un organismo reconocido a nivel nacional y provincial por su liderazgo técnico, su excelencia y confiabilidad. Nuestro organismo ha asumido el compromiso de evaluar y establecer los mecanismos de modernización necesarios, a efectos de lograr un óptimo cumplimiento de las funciones a su cargo. Este proceso abarca una adecuación tanto en materia jurídica, como de recursos económicos, técnicos y humanos.

Este énfasis en los aspectos organizativos se traduce en acciones y programas concretos que promueven la innovación permanente, en la búsqueda de la calidad, celeridad y transparencia de los servicios que brinda nuestro organismo.

Bajo este marco estratégico, la IGJ se propone reforzar el vínculo y la articulación con diversos organismos del sector público, utilizando los instrumentos disponibles para llevar a cabo la tarea de modernización. Para el logro de este objetivo, se pone especial énfasis en la interacción con los organismos registrales de las distintas provincias.