El incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de progenitores constituye una grave vulneración a los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de toda la Argentina. Esta situación implica una forma de violencia económica y simbólica directa ejercida contra las madres, que son quienes, por abrumadora mayoría, se hacen cargo de las tareas de cuidado con mucha mayor carga horaria y de responsabilidades.

En la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, a través de los Centros de Acceso a la Justicia, se brinda atención para el cumplimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes de contar con la obligación alimentaria por parte de sus padres y/o madres, donde se asesora sobre las alternativas (judiciales o a través de mediaciones) para garantizar el pago de la cuota alimentaria y, en caso de ser necesario, se deriva a la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito para su judicialización.

Cuota alimentaria y acceso a la justicia

Entre enero 2022 y febrero 2023 se atendieron 91973 personas en los Centros de Acceso a la Justicia, mientras que 3292 se comunicaron a través de la Línea 137 (opción 2). El 7,23% de las personas consultó en los CAJ por “Deberes de responsabilidad parental o familiar (incluye alimentos)”. Sobre la misma problemática consultó un 13,73% del total de personas que se comunicaron a la Línea 137 en la opción de acceso a la justicia.

Consultantes sobre responsabilidad parental o familiar en los CAJ:

• 73% mujeres y travesti-trans
• El 72% de las mujeres y travesti-trans consultantes tienen entre 18 y 39 años.

Consultantes sobre responsabilidad parental o familiar en la Línea 137:

• 99% mujeres y travesti-trans
• El 77% de las mujeres y travesti-trans consultantes tienen entre 18 y 39 años.

Acciones llevadas a cabo en los operativos

Presentación de la guía "El acceso a la cuota alimentaria. El Estado presente"

En junio de 2023 se presentó un protocolo de trabajo con el objetivo de brindar una serie de recomendaciones y buenas prácticas para agentes públicos y organismos con el fin de garantizar el acceso a la obligación alimentaria como derecho de las infancias. Si bien no es vinculante en términos legales, busca poder trabajar de manera conjunta el problema del incumplimiento de la obligación alimentaria y aporta un abanico de buenas prácticas sugeridas a otros organismos que conviven en la esfera de Estado, destinado a agentes públicos de organismos ejecutivos nacionales, provinciales, municipales y también a agentes del Ministerio Público Fiscal y de las Defensorías.