La Ley nº 27.592, más conocida como Ley Yolanda, tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente para las personas que se desempeñan en la función pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional.
Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020 y su denominación es un homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue, en 1973, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
¿Por qué formar a funcionarios y empleados de la Administración Pública en temas ambientales?
Los numerosos desafíos ambientales de nuestro tiempo demandan el compromiso de todos los sectores sociales y principalmente de quienes planifican e implementan políticas públicas. En ese sentido, la formación ambiental constituye una herramienta imprescindible, en tanto proceso orientado a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten tomar decisiones individuales y colectivas de cara a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y sustentable.
El objetivo principal de la Ley Yolanda es que los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de políticas públicas para contribuir, desde la gestión, a la construcción de una Argentina más sostenible y sustentable.